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Reportaje:REPORTAJE

¿Quieren acabar con la Fiscalía Anticorrupción?

El narcotraficante gallego Laureano Oubiña ignoraba en 1993 que la Fiscalía Especial Antidroga había puesto su lupa en el gigantesco y decadente pazo Bayón en el que residía junto a su familia. No sabía que se habían abierto unas diligencias de investigación sobre sus actividades delictivas. Cuando la policía registró la casa-pazo encontró las acciones panameñas que acreditaban la propiedad de este edificio, luego embargado por la justicia y ahora dedicado a la elaboración de vino. Gracias a esas pesquisas prejudiciales se incautó en Ginebra (Suiza) dinero de Sito Miñanco, otro traficante de drogas gallego.

¿Se puede luchar contra el crimen organizado si el fiscal tiene la obligación de informar al sospechoso sobre la apertura de una investigacion prejudicial? ¿Se puede limitar a seis meses la investigación de los complejos y enrevesados delitos económicos? Los que han impulsado la ley que recoge el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, publicado en el BOE del pasado martes y aprobado en las Cortes con los votos del PP, CIU, PNV y CC, aseguran que estas modificaciones ofrecen garantías que hasta ahora no tenían los investigados.

El nuevo estatuto del ministerio fiscal ha caído como una bomba en los despachos de los 11 fiscales que integran la Fiscalía Anticorrupción

"Hay un antes y un después desde el nacimiento de esta fiscalía especial. Antes, las absoluciones eran estrepitosas porque no había fiscal"

"¿Por qué cuando arrancamos nos asignaron Banesto y se quedaron con la causa del Santander? Supongo que fueron razones extrajurídicas"

Reparos y preocupación

En la madrileña sede de la Fiscalía Anticorrupción estos cambios han caído como una bomba cuyos daños son difíciles de medir en un órgano especial como éste que ha sentado en el banquillo a los principales protagonistas de los casos de corrupción y delincuencia económica de la última década, tanto a los ocurridos durante la etapa socialista como los que ahora afloran bajo el mandato del PP.

La mayoría de los 11 fiscales que forman el equipo de Carlos Jiménez Villarejo no oculta sus reparos y preocupación ante una ley que puede atarles de pies y manos y que ha sido impulsada por el Gobierno de José María Aznar, el político que cuando estaba en la oposición y estallaron los escándalos de corrupción socialista propuso la creación de esta fiscalía. Un órgano que en sus siete años y medio de vida ha logrado 29 sentencias condenatorias en los 33 casos que ha investigado y que ya han sido juzgados por los tribunales.

Joan Miguel Nadal, alcalde de CiU en Tarragona, al que se abrieron unas diligencias de investigación que luego archivó el TSJ de Cataluña, nunca imaginó que el daño que le causó la filtración a la prensa de aquellas pesquisas serviría de bandera para que su partido impulsara una reforma que, a juicio de algunos, blindará al crimen organizado y arruinará las investigaciones de los fiscales, en especial las de los órganos especiales, como la Fiscalía Antidroga o Anticorrupción. Manuel Silva, 42 años, diputado de CiU, lo reconoce: " Sí, ha sido por este caso, un poco más y le cuesta la alcaldía, y por otros que aparecían en la memoria de la Fiscalía Anticorrupción. Teníamos que regular esto".

Carlos Castresana, 45 años, un fiscal que ha dedicado varios años a investigar a Jesús Gil, ex alcalde de Marbella y ex presidente del Atlético de Madrid, no oculta su escepticismo y se pregunta por qué esta medida ha sido acogida con tanto entusiasmo. "Es imposible terminar ninguna de nuestras investigaciones en seis meses. Cuando pides informes a la policía o a otros organismos, tardan meses en contestar. Si, además, las diligencias de investigación se comunican a los sospechosos, no va a haber denunciantes. Nuestras investigaciones tienen que ser confidenciales por necesidad. Un órgano no puede estar sometido a otros plazos que los de la prescripción".

El fiscal Alejandro Luzón, 38 años, que dirigió la investigación del caso Roldán, asegura que en ese plazo "tan excesivamente breve" es imposible culminar una investigación seria. "La presencia del investigado impide que nuestro trabajo sea secreto. No se se corresponde con la naturaleza de las diligencias de investigación, que no tienen valor probatorio. No tiene sentido que se dé audiencia al investigado. Sus derechos se le dan con todas las garantías en la fase de instrucción. Que se le informe de la apertura de diligencias no me parece mal, pero que se pueda personar es excesivo e impropio".

Vicente González Mota, 40 años, el fiscal encargado de la acusación en el el fraude de Gescartera, plantea otras pegas: "Si tengo que notificar al investigado que le estoy investigando y no me dan más medios, ¿cómo lo voy a hacer? El investigado va a pedir pruebas de gran complejidad para agotar el plazo de los seis meses". Y sugiere otro problema: "Si la investigación es verosímil y la fiscalía no llega, habrá que remitirlo al juzgado y que lo investigue el juez. Eso supone la foto del investigado en las escalerillas del juzgado y se consigue el efecto contrario que dicen quieren evitar. Ahora se podía investigar en secreto sin que se enterara nadie. Yo he archivado muchas diligencias de investigación". ¿Y el caso del alcalde de CiU? Los fiscales destinados en Anticorrupción coinciden en que en esta fase son más casos los que no trascienden a la opinión pública.

Sobre la exigencia de pedir la prórroga al fiscal general del Estado para que continúen las pesquisas, González Mota es taxativo: "¿Cómo voy a pedir la prórroga de forma sistemática en todos los casos? Los mandaré al juez para que sean investigados".

En la Fiscalía Antidroga, la primera fiscalía especial creada en 1988, la nueva ley preocupa a sus nueve titulares y a los 15 fiscales que tienen repartidos por todo el país. Javier Zaragoza, 47 años, teniente fiscal, no oculta su frustración: "Es un paso atrás en el futuro de la investigación del ministerio fiscal. Carece de sentido, obstaculiza y ciega nuestro trabajo. ¿Y las investigaciones policiales que duran años? ¿Obligarán también a la policía a informar al sospechoso", se pregunta.

La facultad que el nuevo estatuto otorga a Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, para prorrogar en casos excepcionales el plazo de las diligencias de investigación supone que una sola persona podrá decidir sobre el futuro de miles de investigaciones abiertas en todas las fiscalías del país. El año pasado fueron 7.350. ¿Qué ocurrirá ahora? "Nunca tenemos dificultades cuando investigamos el contrabando de tabaco y siempre hay problemas cuando se trata de corrupción política", asegura Castresana, uno de los fundadores de la Fiscalía Anticorrupción. "¿Por qué cuando arrancó esta fiscalía nos asignaron Banesto y se quedaron con la causa de las cesiones de crédito del Banco de Santander? Habrá que suponer que fueron razones extrajurídicas. Esa es una característica que se ha venido repitiendo en los siete años de esta fiscalía", añade este fiscal.

Los roces con Cardenal y las voces de los sectores más conservadores de la judicatura y la prensa, que han cuestionado la necesidad de esta fiscalía, planean como una sombra por los despachos de un equipo que, pese a sus diferencias de afiliación -cinco de sus fiscales no están asociados, tres pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales y dos a la Asociación de Fiscales-, trabajan unidos como una piña. Algunos sospechan que las medidas del nuevo estatuto fiscal se han diseñado pensando en amordazar a esta fiscalía.

"Cuestionar las fiscalías especiales es ir contra el devenir de los tiempos. La especialización es clave para combatir los nuevos fenómenos criminales", señala Zaragoza. José Ricardo de Prada, 45 años, uno de los magistrados más antiguos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ha juzgado numerosas causas investigadas por estos fiscales, se pronuncia así: "No soy partidario de nada especial, pero reconozco su utilidad y hay que admitirlas. Hay un antes y un después desde el nacimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Antes no se perseguían los delitos económicos y las absoluciones eran estrepitosas porque no había fiscal". La especialización en delitos económicos y fraude fiscal es la marca de esta casa, cuyo modelo ha recibido elogios del Consejo de Europa y se ha exportado a varios países.

Críticas

Luis Martín Mingarro, 65 años, decano del Colegio de Abogados de Madrid, aplaude la nueva ley; no cuestiona a esta fiscalía, pero dice que desde fuera se ve "como un reino de taifas", algo que niegan los fiscales. "La política criminológica necesita de una cierta armonía general que no puede perderse en un órgano que se distancia mucho del tronco general", dice. Luis Jordana de Pozas, abogado en Cuatrecasas y ex fiscal de delitos económicos, apoya la especialización, pero se pregunta a qué obedece una fiscalía especial. "Prefiero que se especialicen en las distintas fiscalías". José Antonio Martín Caro y Antonio Camacho, portavoces de las dos principales asociaciones de fiscales, coinciden en la necesidad de la Fiscalía Anticorrupción. Camacho, de la UPF, es pesimista: "Han conseguido maniatar a la institución. La nueva ley defiende a la clase política y al poder económico".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de junio de 2003

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