El 55,4% de los estafados de Gescartera no ha podido acreditar aún su inversión

Al filo de cumplirse los dos años desde que se destapó el escándalo de Gescartera (una estafa próxima a los 87 millones de euros), sólo un 27,8% de los 1.943 reclamantes ha cobrado su indemnización, de unos 13.000 euros de media. El resto no sólo soporta tal retraso sino que afronta un futuro más que incierto: un 55,4% no ha acreditado su inversión y otro 6,5% ya ha visto denegada su petición por no tener derecho a ella o por haberla presentado dos veces. La gestora, que asegura que los datos han mejorado algo desde la conclusión del informe, en marzo, ve "imposible" aventurar cuándo concluirá el proceso indemnizador.

La Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, nutrida por las empresas de servicios de inversión para resarcir a los clientes de sus quiebras, radiografía en un informe del pasado 31 de marzo los problemas y retrasos en los pagos a las víctimas del derrumbe fraudulento de las agencias de valores Gescartera y AVA. El ovillo de sus problemas nace del principio que, "contra la apreciación común de los reclamantes", preside su actuación: "Incumbe [facilitar] la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento". Para ello, la gestora exige no sólo que los reclamantes presenten la documentación que les permita acreditar tanto su posición acreedora global con la agencia de valores como su relación comercial. La gestora aplica anchos criterios. Le sirve cualquier "método de prueba admitido en Derecho" que el cliente estafado estime conveniente. Sobre tal prueba entregada, la gestora realiza las comprobaciones oportunas con las informaciones que obren ya en su poder o que recabe de terceros. No en vano, cada reclamante autoriza a la gestora a consultar las bases documentales de terceros (bancos, depositarias de valores, etcétera) para comprobar su inversión. Ambos requisitos, la acreditación personal o por terceros de la inversión, han supuesto un auténtico atolladero.

En este embudo se ha atascado el 47,04% de los reclamantes de Gescartera por no documentar su pérdida. A este porcentaje se suma un 8,4% de clientes cuya falta de documentación es culpa de terceros, que no la remiten. Este colectivo está integrado por los clientes que invirtieron en Gescartera a través de la sociedad Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), del imputado Aníbal Sardón. La gestora se ha dirigido a los interventores de la CNMV en Gescartera para solicitarles información sobre estos clientes fichados por AGP. Su petición se ha estrellado en un muro. Los interventores de la CNMV alegan que no han tenido acceso a la información contable de AGP, ni han localizado un registro en Gescartera hermano del que debía existir en la agencia. El informe detalla un problema elemental que está bloqueando la labor verificadora. La información que precisa la gestora, necesariamente, debe extraerse de la intervenida a Gescartera. Pero "ni la CNMV ni sus interventores administrativos cuentan con la habilitación legal para proporcionar documentación si no fue emitida en su día".

Tampoco existe una administración judicial en la sociedad de Antonio Camacho. La ausencia de tal administración judicial y la "reducida" capacidad competencial de la CNMV, "ha producido un retraso significativo en la tramitación de determinados expedientes de reclamación, al verse obligada la gestora a realizar actuaciones cuyo resultado no depende exclusivamente de su buen hacer".

Otra parte de las dilaciones en el pago de las indemnizaciones tiene otros culpables. "Los retrasos en la tramitación de determinadas reclamaciones no son imputables directamente a la gestora, sino a la ausencia de una adecuada respuesta de terceros implicados en el proceso de comprobación". En concreto, señala que en diciembre de 2002 solicitó información al Banco Zaragozano, a Cajamadrid, y a la Caja de Ahorros de Barcelona). Sólo respondió el Banco Zaragozano. Cajamadrid alegó que sólo respondería con expresa autorización de los reclamantes, permiso que la gestora ya posee, o que lo reclamen los tribunales. La gestora, ante tal negativa, ha reclamado a la juez del caso, Teresa Palacios, una relación de todas la cuentas bancarias de Gescartera con extracto de sus movimientos y, de no poseerlas, que las exija a las distintas entidades bancarias. "Hasta la fecha el juzgado no ha dictado providencia de respuesta a esta solicitud". Tampoco han contestado las entidades depositarias de valores concernidas. Por contra, algunas reclamaciones decaen por su exceso documental: un 4,48% reclamó dos veces.