Coalición Canaria y PP pactan formar gobiernos en todas las instituciones

El primer gran pacto electoral después del 25 de mayo se consumó ayer en Canarias. La formación mayoritaria, que consiguió más votos y más escaños que ninguna otra, Coalición Canaria (CC), selló con los populares en la sede madrileña del PP un acuerdo de coalición para los próximos cuatro años en el Gobierno de Canarias, que también se aplicará en los cabildos y ayuntamientos del Archipiélago, donde la suma de los votos conseguidos por ambas formaciones permitan gobiernos estables durante el mismo plazo. Tras la ruptura de hace dos años, PP y Coalición Canaria vuelven a entenderse.

El acuerdo se venía gestando desde la misma noche electoral, en que se evidenció la polarización política del archipiélago: la provincia de Santa Cruz de Tenerife respaldó mayoritariamente el programa de Coalición Canaria, mientras Las Palmas lo hizo con el PP.

El documento que permite la alianza para gobernar de los dos partidos fue firmado ayer en Madrid por Javier Arenas y José Manuel Soria, secretario general del PP y presidente de los populares en las islas, respectivamente, y por Paulino Rivero y José Carlos Mauricio, presidente y vicepresidente de Coalición Canaria.

El texto conmina al candidato nacionalista a presidente, Adán Martín, y a José Manuel Soria a confeccionar el reparto de diez consejerías en el Gobierno, dado que la vicepresidencia la ocupará el hasta ahora presidente, Román Rodríguez. Ambos tendrán que decidir la estructura final del Ejecutivo canario y si, como había acordado CC antes de las elecciones, Rodríguez también asume Economía y Hacienda, una opción debilitada por el hundimiento de CC en las islas de Gran Canaria y Lanzarote y totalmente descartada por Soria, al considerar que el aún presidente "no tiene formación suficiente" para este departamento.

La extensión del acuerdo

El acuerdo entre nacionalistas y populares también se aplicará en cascada sobre cabildos y ayuntamientos, para que ambas formaciones se apoyen mutuamente y faciliten el voto favorable a la lista más votada. Este segundo punto tropieza con algunos inconvenientes, que podrían convertirse en excepciones al modelo general aprobado ayer: en Telde (la segunda ciudad en importancia de la isla de Gran Canaria), el PP ya ha suscrito un pacto con la asociación de vecinos de Jinámar para acabar con más de diez años de gobierno nacionalista; en Fuerteventura, nacionalistas y socialistas han acordado apoyarse en todas las instituciones de la isla, una de cuyas primeras consecuencias es la pérdida de la alcaldía de La Oliva para el popular Domingo González Arroyo, que la venía ocupando ininterrumpidamente desde 1979.

En otros ayuntamientos, como San Bartolomé de Tirajana (sur de Gran Canaria), las diferencias entre populares y nacionalistas son tan evidentes que dificultan un acuerdo entre ambas formaciones.

Para casos como éstos tres, Paulino Rivero recordó que "hasta el día 14 de junio no se constituyen los ayuntamientos", por lo que "hay tiempo" para trabajar en la línea marcada ayer por las direcciones de ambos partidos.

Un aspecto revelado en la conferencia de prensa posterior, pero excluido del documento, compromete el apoyo de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados al próximo candidato del PP a presidente de Gobierno de la nación.

Por otro lado, el recuento del voto por correo ha generado varias polémicas en las islas. Los 11.071 votos de residentes ausentes escrutados como válidos sumaron un diputado a Coalición Canaria y lo restaron a los socialistas, con lo que la composición del Parlamento queda con 23 escaños nacionalistas, 17 socialistas, 17 populares y 3 del Partido de Independientes de Lanzarote.

CC recurrió ante la Junta Electoral Central que no fueran aceptados los 4.500 votos entregados por Correos después de las ocho de la mañana del miércoles, al entender que en 1999 se contabilizaron todos los llegados hasta el momento del escrutinio.

Además, el PSC-PSOE anunció la presentación de una denuncia ante la misma Junta Electoral por presunta manipulación de papeletas en Venezuela y sugiere un nuevo sistema que garantice la pulcritud del voto por correo.