Un subastero se enfrenta a 5 años por una supuesta estafa

El fiscal solicitó ayer 5 años de prisión para un subastero de Alicante por una estafa de 250.000 euros a un empresario. El procesado, M. G. B., simuló tres adjudicaciones de bienes inmuebles en subastas a las que supuestamente concurrió el empresario, mediante la falsificación de firmas y sellos de los secretarios de los juzgados en los que se celebraban las pujas. El acusado negó los hechos.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 1998, cuando el acusado contactó con la víctima para ofrecerle asesoramiento en una serie de subastas judiciales de bienes inmuebles.

En su declaración ante el tribunal, la víctima de la estafa, el empresario F. J. S., manifestó que en noviembre de 1998 entregó al subastero unos 250.000 euros en concepto de señal y remate de las operaciones para la compra en subasta judicial de dos apartamentos en la playa de San Juan y una nave industrial, en el polígono Pla de la Vallonga. "Yo estaba convencido de la legalidad de las operaciones y de que era el propietario de los inmuebles subastados, hasta que solicité al subastero los papeles originales de las subastas, porque inicialmente me entregó sólo fotocopias". "Empezó a darme largas, y cuando amenacé con denunciarles me dijo: 'yo iré a la cárcel, pero tú pierdes el dinero''.

Por su parte, el acusado negó los hechos y aseguró que la cifra de 250.000 euros que recibió del empresario no fue por la adquisición de inmuebles en subastas judiciales, "sino por un chalé en la Font Roja y una finca rural en Muro d'Alcoi", matizó. En todo caso, el subastero admitió que recibió en su cuenta la suma aludida por el empresario.

La acusación particular aportó varios testigos, entre ellos el director de la sucursal bancaria en la que formalizó el pago de los cheques. El testigo confirmó la versión de los hechos ofrecida por la víctima.

En la vista oral también compareció la ex mujer del acusado, quien aseguró que en el período en que ocurrieron los hechos su ex marido consumía habitualmente alcohol y que, en la actualidad, "está en tratamiento para deshabituarse".

En sus conclusiones definitivas, el fiscal mantuvo la petición de 5 años de cárcel por un delito de estafa y retiró la acusación de falsedad en documento público, porque, según el ministerio público, el acusado nunca entregó originales falsificados, "sino fotocopias, documentos que no pueden ser objeto de este delito". El ministerio público sostuvo que el procesado desvió todo el dinero que le entregó el empresario a dos cuentas a su nombre y de su esposa y, a cambio, entregó a la víctima simples fotocopias -con firmas y sellos falsos- de las supuestas adjudicaciones de los bienes inmuebles por parte de los juzgados.

La defensa del subastero solicitó la absolución por falta de pruebas o alternativamente la pena mínima por la concurrencia de la atenuante de alcoholismo.