España: un sistema seguro
Periódicamente, y no sólo -que también- en periodo electoral, se genera un apasionado debate público en torno a nuestro sistema de pensiones. Y es normal que así sea, ya que es el gasto más abultado de cualquier economía desarrollada, y su viabilidad, estabilidad y seguridad nos ocupa y preocupa. Estos debates suelen presentar idénticas cadencias. Algún organismo o institución de estudios -frecuentemente internacionales- nos advierten de la inviabilidad de nuestras pensiones, clamando por su reforma, lo que origina un fuego cruzado con las distintas opiniones en la materia. No creo que esa dinámica de discusión sea la correcta. Los que defienden el sistema siempre aparecen a la defensiva. No tenemos, ni mucho menos, un sistema público de pensiones en riesgo. Por el contrario, goza de una envidiable salud que le ha permitido, incluso, ir dotando un incipiente Fondo de Reserva. Es cierto que existen en el horizonte conocidos riesgos, sobre todo originados por la inversión de la pirámide demográfica que ocasionará que la relación entre pensionistas y cotizantes disminuya sensiblemente. Con nuestros datos, esa compleja situación se podría originar hacia 2015, llegando a su inviabilidad técnica en 2025. Pero claro, estas previsiones no tienen en cuenta ni los flujos inmigratorios -que continuarán en el futuro-, ni posibles modificaciones de la vida laboral. El único riesgo verdadero sería una acusada y prolongada crisis económica que destruyera empleo. Creo por ello que, tras afirmar que nuestro sistema de pensiones es sólido y seguro, debemos empezar a trabajar para que siga siéndolo en el futuro. Tenemos tiempo. No se trataría de desmontar nada, sino, por el contrario, de reforzar.
El aumento de la esperanza de vida (83 y 77 años para mujeres y hombres, respectivamente) y nuestra sensible caída de natalidad ha originado que el porcentaje de personas mayores se incremente sin cesar. Si en 1900 los mayores de 65 años suponían el 5% de la población total, en 2025 rozará el 25 %. Este envejecimiento tendrá importantes consecuencias, tanto en gasto público como en la forma de abordar políticas.
Nuestro sistema de pensiones es de reparto. Las cotizaciones que cada mes pagan los trabajadores entran en una caja desde la que se paga simultáneamente a los pensionistas actuales: un sistema de solidaridad intergeneracional. Los cotizantes de hoy pagamos las pensiones de nuestros mayores. Los cotizantes del mañana, pagarán las nuestras. Por el contrario, el sistema de capitalización se construye sobre unas cuentas de ahorro personal que se invierten según determinadas pautas. Cada cotizante es responsable de su pensión. Ambos tienen ventajas e inconvenientes. Si la proporción de cotizantes y pensionistas es la adecuada, el sistema de reparto es muy seguro. Si por crisis económica prolongada o caída de la población activa los ingresos disminuyeran bruscamente, el sistema se vendría abajo. El sistema de capitalización también encierra algunos riesgos. Las caídas de los mercados financieros y de las bolsas pueden mermar su patrimonio. Actualmente es imposible para nuestras cuentas públicas sustituir el sistema de reparto por el de capitalización. Se generaría un abultado déficit de imposible digestión. Por eso, como nos aconseja el Pacto de Toledo, debemos continuar con nuestro sistema de pensiones públicas, complementado con sistemas privados de pensiones de carácter voluntario.
No soy alarmista. Tenemos en la actualidad un sólido sistema de pensiones. Con el suficiente consenso, podemos ir adaptando su funcionamiento sin traumas especiales. Y en cuanto al desequilibrio demográfico, hay una solución: la regulación de nuestras políticas de inmigración. O más natalidad.
El Pacto de Toledo, entendido como una dinámica de consenso entre los agentes sociales y las fuerzas políticas, debe continuar. Todavía quedan aspectos por desarrollar de las anteriores recomendaciones -como la prolongación del periodo de cotización- que no deben caer en saco roto. Aunque soy partidario de mantener, por ahora, la edad legal de jubilación a los 65 años, el facilitar que continúen trabajando las personas que así lo deseen por encima de esta edad -fueron positivos los acuerdos sobre pensiones flexibles y parciales, en alternancia con un trabajo a tiempo parcial- paliaría el temido desequilibrio entre cotizantes y pensionistas. Pero existen muchas medidas más, que pueden mejorar la situación de algunos de los colectivos más desfavorecidos y compensar futuros déficits.
Pero, además de pensiones, el debate del Pacto de Toledo debe abordar el concepto de envejecimiento, y para ello tratar las siguientes materias. En primer lugar, la vida laboral. Debemos frenar el actual abuso del concepto de prejubilación, toda vez que cada vez disminuirá la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo. En segundo lugar, debemos reflexionar sobre los servicios sociales, de proximidad y de atención a las personas mayores dependientes, cuya demanda experimentará un extraordinario crecimiento, y en los cuales estamos francamente atrasados. Y no hablamos tan sólo de residencias y geriátricos. Hablamos de atención domiciliaria, teleasistencia, centros de día y demás medidas. Una relevancia especial tendrá la construcción de un sistema efectivo del seguro de dependencia. En tercer lugar, y aunque no sea motivo de este artículo, no podemos olvidar el gasto sanitario, que crecerá en valores porcentuales con mayor rapidez que las pensiones, y de forma menos predecible. No sólo vivimos cada vez más años, sino que, además, queremos vivirlos mejor. Y, por último, deberíamos abordar algunos aspectos sobre la participación en la sociedad de las personas mayores. No debemos olvidar que cuando se estableció la edad de jubilación en 65 años, la esperanza media de vida en Europa era de 55 años. La pensión era casi un seguro para las escasas personas que lograban sobrepasar dicho listón. Ahora, sin embargo, pasamos un importante porcentaje de nuestras vidas por encima de los 65 años, y además con un razonable estado de salud. Es normal que no nos resignemos a tomar el sol sentados en un banco del pueblo, sino que deseemos intervenir directamente en la sociedad que nos rodea.
Manuel Pimentel es empresario y ha sido ministro de Trabajo.
