Suspenso a Bami en Metrovacesa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto un nuevo capítulo en el folletín de Metrovacesa y Bami. El principal protagonista, Joaquín Rivero, presidente de ambas sociedades, fue privado el lunes de sus derechos políticos en Metrovacesa, y está obligado a lanzar una OPA sobre del 10% de su capital, si quiere recuperarlos a tiempo para evitar un posible naufragio de su proyecto de fusión inmobiliaria y un serio quebranto de su patrimonio.

El organismo supervisor considera que Bami controla más del 25% del capital de Metrovacesa y retira los derechos políticos a sus representantes

Rivero está seleccionando ya un banco de inversión para llevar adelante la OPA que le han impuesto, presidió el jueves un consejo de administración de Bami en el que informó a sus socios de la situación, se ha reunido con el presidente de la CNMV, Blas Calzada, y ha entablado los primeros contactos en busca de financiación.

En las próximas horas se reunirá un diezmado consejo de administración de Metrovacesa, circunstancialmente presidido por su vicepresidente y director general de Telefónica, Santiago Fernández Balbuena, para aplazar la junta general de accionistas prevista para el 3 de junio y ganar tiempo, escaso en cualquier caso (el límite legal es el 30 del mismo mes), para que se aclare y se decante la situación.

Es el último capítulo, por ahora, de una apasionante historia que se inició hace un año cuando Rivero y su inmobiliaria Bami compraron al BBVA su paquete de control en Metrovacesa, un 23,9% del capital, por 545,4 millones. Esta operación, que dejó ayunos al resto de los accionistas de la prima del 60% sobre la cotización de la inmobiliaria (el banco se embolsó 369 millones en plusvalías), y algunas tomas de control en otras sociedades, animaron al Gobierno a cambiar la Ley de OPA.

El serial, en el que han aparecido esporádicamente personajes como Alejandro Agag, el yerno del presidente Aznar, e inmobiliarias, como Colonial y Fadesa, volvió a tomar intensidad, a principios de año, con la presentación de una OPA hostil sobre Metrovacesa por las italianas Quarta y Astrim.

Hace un mes que terminó esta larga y tortuosa batalla, en la que los oferentes modificaron en varias ocasiones las condiciones de la oferta y en la que en paralelo se produjeron compraventas de participaciones en la sociedad opada.

Autocartera

El fracaso y la retirada de los italianos parecía abocar la historia a su final, pero no ha sido así. Rivero, que no había perdido un minuto en replantear y acelerar la fusión de Metrovacesa y Bami, con el objetivo de culminarla en septiembre, se vio sorprendido el lunes por una decisión de la CNMV que vuelve a poner en un brete su proyecto. El organismo supervisor considera que, computando la autocartera de Metrovacesa, Bami ha alcanzado una participación con derecho a voto en esta sociedad superior al 25% (el grupo de Rivero sostiene que sólo ha aumentado su participación al 24,99%) y está obligada a lanzar una OPA sobre el 10% de la misma si quiere recuperar el control de la misma. Entre tanto ha suspendido el ejercicio de los derechos políticos de Joaquín Rivero, y de los otros tres representantes de Bami en el consejo de Metrovacesa (Ignacio López del Hierro, José Gracia y Manuel González).

Bami, aunque discrepa con los cálculos y con la decisión de la CNMV, ha preferido de momento no enfrentarse con el órgano supervisor, y sin renunciar a posibles recursos legales se ha embarcado en una carrera contrarreloj para sacar adelante la OPA que se le exije y mantener en lo posible el calendario previsto para la fusión.

Una vez más, el mayor problema para Bami es la financiación, dado que arrastra un elevado endeudamiento acumulado por las sucesivas compras realizadas por el grupo. El precio a ofrecer en la OPA, que tiene que ser aprobado por la CNMV y ajustarse a cuatro criterios previstos legalmente para las operaciones de exclusión (valor teórico contable, valor liquidativo, cotización media del último semestre y precio ofrecido en anteriores OPA en el último año), se estima que oscilará entre 30 y 34 euros, lo que supone un desembolso total de entre 187,3 y 212,3 millones.

Fuentes próximas a Bami señalan que las entidades presentes en su capital (el Banco Popular y diversas cajas de ahorros) arrimarán el hombro para sacar adelante la OPA y no descartan que también algunos socios, que anteriormente ya habían manifestado su intención de incrementar su participación en el proyecto inmobiliario, recompren parte de las acciones que Bami adquiera en la oferta.

La trama de esta historia, sin embargo, puede complicarse aún más. La CNMV no ha concluido todavía sus investigaciones sobre otras dos compraventas de acciones de Metrovacesa en pleno desarrollo de la frustrada OPA italiana, las protagonizadas por El Monte y Sacresa; Quarta y Astrim están considerando a la vista de los nuevos datos posibles acciones legales contra la CNMV y contra Bami; y alguna agencia especializada en temas de buen gobierno como Demior ya ha anunciado su intención de plantear batalla en defensa de los pequeños accionistas en la próxima junta general de Metrovacesa.