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El fiscal de Madrid demanda a Michavila por atentado al honor

Reclama 60.000 euros al ministro de Justicia

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, presentó ayer una demanda por atentado a su honor contra el ministro de Justicia, José María Michavila. El pasado 28 de abril, primer día de funcionamiento de los juicios rápidos, el ministro acusó, en una conferencia de prensa, al fiscal jefe de haber "boicoteado" los juicios rápidos en la capital, donde se produjo un fallo informático. Al ser el ministro una persona aforada, la demanda fue interpuesta ante la Sección Primera del Tribunal Supremo.

Fernández Bermejo entiende que, con sus acusaciones, el ministro dañó su "buen nombre" y por ello le reclama una indemnización de 60.000 euros para resarcir el daño moral y profesional que se le ha causado con esas manifestaciones. El jefe de la Fiscalía de Madrid pide también al alto tribunal que imponga al demandado la publicación íntegra de la sentencia "en tres medios de comunicación escritos de difusión en todo el territorio nacional", y que, además, le condene al pago de las costas.

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Michavila señaló ese día: "El fiscal jefe de Madrid se ha manifestado en rebeldía en la aplicación de esta ley, con lo cual no tengo duda de que en la Fiscalía de Madrid hará todo lo posible el fiscal jefe para que falle todo". "Sin embargo", añadió el titular de Justicia, "estoy convencido de que el resto de los fiscales responsables en Madrid harán lo posible para ganarse el sueldo que le pagan los ciudadanos y aplicar una ley [la que regula los juicio rápidos] que aprobaron 350 diputados por unanimidad". Michavila añadió, también refiriéndose a Fernández Bermejo: "Cuando alguien cobra su sueldo de los ciudadanos y los ciudadanos piden esto [los juicios rápidos] y lo impulsan, yo creo (...) tendría que hacer alguna consideración personal. Además de lo que pueda decir el fiscal de Madrid, que dirá muchísimas cosas en contra de los juicios rápidos, él ya lo ha dicho reiteradamente (...)".

Al conocer estas manifestaciones, Fernández Bermejo anunció que emprendería acciones judiciales contra él y replicó que las declaraciones del ministro eran "gruesas, delicadas, imprudentes e impropias" del titular de la cartera de Justicia.

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En su demanda, Fernández Bermejo recuerda que, respecto a los juicios rápidos, él se limitó a exponer a la opinión pública las conclusiones de una junta general de fiscales de Madrid en la que se debatió la entrada en vigor de este tipo de vistas. El fiscal jefe defiende la libertad de expresión, pero razona que debe diferenciarse entre la "sana crítica" y la "difamación". "Una cosa es la crítica, por ácida que sea, y otra la difamación", explica, y añade: "El insulto no tiene por qué tolerarse, ni siquiera por personas de relevancia pública". Según Fernández Bermejo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos protege "la reputación" de las personas en el ámbito de su vida privada y también "cuando ejercen funciones públicas". Además, sostiene que "el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información no pueden confundirse con la difamación".

El fiscal de Madrid tiene abiertas unas diligencias informativas de la Fiscalía General del Estado desde el 27 de marzo por haber pedido más medios "humanos y materiales" para la aplicación en Madrid de los juicios rápidos.

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