López Benjumea declara al juez que no intervino en el despido de su ex director general por 748.000 euros
El ex presidente de la Caja San Fernando Juan Manuel López Benjumea negó ayer haber participado en la presunta indemnización fraudulenta a un ex alto cargo de la entidad, asunto por el que compareció ante un juez de Sevilla imputado en delitos societario y de apropiación indebida. López Benjumea declaró como imputado durante una hora y media ante el juez de Instrucción 3 de Sevilla, al que manifestó que no intervino en la indemnización por despido del ex subdirector general de la entidad José Manuel Amores sino que lo hizo el departamento de Personal de la caja de ahorros como era "habitual" en los casos de despido. Fuentes del caso señalaron que López Benjumea explicó que no sabía nada del despido del alto cargo, dado que, según dijo, no era de su cometido, y añadió que, en todo caso, el procedimiento seguido en el despido era el sistema "habitual".
La denuncia fue presentada por los nuevos directivos de la Caja San Fernando, según los cuales José Manuel Amores, ex subdirector general institucional, recibió una indemnización por despido de 748.000 euros (más de 124 millones de pesetas), cantidad superior a la que le correspondía en virtud de su salario.
A continuación compareció el ex directivo afectado, quien manifestó que ejerció su derecho a negociar su despido y que lo hizo con el departamento de Personal. Según los denunciantes, ambos imputados podrían haber pactado un despido fraudulento que excedió en 277.000 euros (casi 38 millones de pesetas) a lo legalmente establecido, por lo que imputan a los directivos presuntos delitos societario y de apropiación indebida.
El despido se produjo en el marco del polémico proceso de renovación del Consejo de Administración de Caja San Fernando, a finales del 2001, y a tan sólo unos días de que efectivamente se produjera el cambio de los miembros de dicho Consejo, con la salida de López Benjumea de la presidencia. El hasta entonces subdirector de la entidad acudió al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) el día 26 de diciembre y aunque la comparecencia ante este organismo había sido fijada para el mes siguiente, finalmente se produjo sólo un día después, el 27 de diciembre, y un día antes de la renovación del Consejo de la Caja, que ocurrío al día siguiente. En la comparecencia ante el CMAC, el representante de la Caja mostró su conformidad con la improcedencia del despido y estimó la indemnización de 748.000 euros.
