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Reportaje:

Los zorros vigilan el gallinero

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU vive una crisis de prestigio por la presencia de países con el peor historial

Cecilia Jan

En las mismas fechas en que Cuba saltaba a la escena internacional por la condena de 75 disidentes a penas de hasta 27 años de prisión, un grupo de diplomáticos de la isla ocupaba su asiento en el más selecto club encargado de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo: la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que celebró su 59ª sesión entre el 17 de marzo y el 25 de abril en Ginebra. Países como Zimbabue o China, que no gozan de la mejor fama en este campo, son también miembros del club, presidido en su última reunión por la Libia de Muammar el Gaddafi.

Un club en el que cada año se acentúa más la "solidaridad entre violadores", como califica Joanna Weschler, representante ante la ONU de la ONG Human Rights Watch (HRW), a la actitud de los países más problemáticos. Esta aparente paradoja de que sean los zorros los que vigilen el gallinero ha hecho saltar las alarmas, no sólo en HRW o Amnistía Internacional, sino también en Gobiernos considerados tradicionalmente proderechos humanos.

La Comisión nunca ha aprobado una resolución de condena contra China

"Los Gobiernos que han recibido o pueden recibir críticas por su política en derechos humanos luchan muy fuerte para lograr un sitio en la Comisión, y están debilitando las resoluciones desde dentro", denuncia Weschler. Fuentes diplomáticas españolas coinciden: es una "selección negativa", debido a la composición restringida de la Comisión, 53 países, y que muestra "una clara y creciente brecha entre el norte y el sur".

Las presiones, muy importantes para lograr una plaza, también protagonizan la sesión anual. El juego de pasillos y el cabildeo son fundamentales para sacar adelante, o boicotear, las propuestas. Los resultados son disparatados: desde la creación de la Comisión, en 1947 -que aprueba unos cien documentos al año-, nunca se ha adoptado una resolución condenatoria sobre China, pese a la situación en el Tíbet o la matanza de Tiananmen. Ni contra Zimbabue, donde según la ONG local Forum, hubo 1.046 casos de tortura y al menos 58 muertes por causas políticas sólo en 2002. En la última sesión, en plena crisis de los disidentes, sólo se aprobó una tibia resolución sobre Cuba que no condenaba su encarcelamiento.

El trabajo central de la Comisión es el de debate y adopción de resoluciones, temáticas o por países. Son éstas las más perjudicadas por el lobby de Gobiernos hostiles. "Se ve claramente que están bien organizados, hay una coordinación; para ellos es una prioridad política, ya que a ningún Gobierno le gusta que lo califiquen de violador de derechos humanos", afirma Weschler.

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Por eso, estos países suelen enviar a sus "pesos pesados", según un diplomático español. Los miembros de la misión cubana "conocen el proceso mejor que nadie", coinciden todas las fuentes. "Ojalá hubiera alguien así a favor de los derechos humanos", afirma Weshler, que acusa a Occidente de cierta "desidia" en los debates frente al "apasionamiento" de los Estados conflictivos.

Las votaciones de bloque -normalmente de los países africanos, aunque se pueden formar bloques de circunstancias- fueron decisivas para derrotar propuestas sobre Sudán, Zimbabue y Rusia por el conflicto en Chechenia. "La sesión de este año fue pésima", describe una fuente de la ONU. "Fue más obvio que nunca que la prioridad no era la defensa de los derechos humanos". Este funcionario califica de "descaradas" las negociaciones de algunos países para evitar ser condenados.

La presidencia de Libia, "aunque no fue tan mala", según fuentes diplomáticas españolas, ha afectado, ya que la mesa decide la aplicación del complejo reglamento: las "argucias procedimentales" retrasan o impiden debates, como pasó con una propuesta sobre orientación sexual, que los países de la Conferencia Islámica no querían que se votase.

La Comisión no deja de ser una institución política formada por Estados, que refleja las relaciones de poder en el mundo. Así, EE UU "sigue unos patrones de voto muy divergentes de los de la UE en temas como la pena de muerte o Israel", afirma un diplomático español. Y desde el 11-S, defiende aún más sus intereses: su alianza con Rusia hace imposible aprobar una resolución sobre Chechenia. Este año ejerció fuertes presiones para evitar que se hablase de la situación en Irak.

Esta desunión hace aún más difícil contrarrestar al compacto lobby de los países africanos. "La UE tiene un límite aritmético [las votaciones se aprueban por mayoría simple]. Necesitamos el respaldo del grupo latinoamericano, sin Cuba, obviamente, y de países como EE UU", afirma otro diplomático español.

Por todo ello se debate en los últimos años la necesidad de unos mínimos para los aspirantes, tarea nada fácil: uno de los criterios planteados es que el país haya ratificado los tratados de derechos humanos, lo que dejaría fuera a EE UU, que no ha ratificado convenciones como la de los derechos del niño, que han suscrito Cuba o Libia.

Algunos diplomáticos, aunque ven necesaria una selección, creen que "no sería bueno que los violadores no participasen". "No funcionaría si las resoluciones les fuesen impuestas. Tienen que participar, para implicarse y cambiar", opina una fuente de la ONU, que reconoce que en su seno "muchos creen que ha de plantearse muy seriamente la reforma de la Comisión. De eso depende su futuro".

EE UU deja la sala en protesta por la elección de Cuba para la Comisión de Derechos Humanos.
EE UU deja la sala en protesta por la elección de Cuba para la Comisión de Derechos Humanos.AP

Un sistema de elección viciado

La Comisión de Derechos Humanos está formada por 53 países, que se eligen por mandatos de tres años siguiendo un mecanismo muy habitual en la ONU, que concede un número determinado de plazas a cada uno de los cinco grupos regionales: África, Asia, América Latina y Caribe, Europa oriental, y el grupo formado por Europa occidental y otros Estados.

Cada grupo presenta a los candidatos por su zona, que se votan en el Consejo Económico y Social (Ecosoc), del que depende la Comisión. También son los bloques regionales los que presentan a sus candidatos para la presidencia, que va rotando cada año entre los grupos.

Lo que ocurre con frecuencia es que el grupo regional presenta el mismo número de candidatos que de plazas a cubrir, lo que equivale en la práctica a endosar esa plaza directamente al país propuesto. Es lo que sucedió los pasados 29 y 30 de abril con la reelección de Cuba como miembro, o en enero con la elección de Libia para la presidencia. Por tanto, los Estados interesados en entrar en la Comisión ejercen fuertes presiones dentro de su grupo regional.

La sesión anual se celebra durante seis semanas en Ginebra, y participan los países miembros, los que asisten como observadores, organizaciones internacionales y ONG, llegando a reunir a más de 3.000 delegados. Se escuchan los informes de los relatores (expertos independientes nombrados por la Comisión) y grupos de trabajo sobre temas como la tortura o la discriminación racial, o sobre determinados países, como los mandatos en Afganistán, Irak, Congo o los territorios palestinos. También se da voz a las ONG, que tienen la capacidad de presentar los testimonios directos de víctimas.

La Comisión como tal no tiene presupuesto, "es un evento más que una institución", explica Joanna Weschler, de Human Rights Watch, "que se reúne seis semanas y prácticamente no existe el resto del año". La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, dirigida por el brasileño Sergio Vieira de Mello, ejerce labores de secretaría y apoyo, y tenía asignados para 2003 unos 105.600 dólares para la asistencia a la sesión anual.

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Sobre la firma

Cecilia Jan
Periodista de EL PAÍS desde 2004, ahora en Planeta Futuro. Ha trabajado en Internacional, Portada, Sociedad y Edición, y escrito de literatura infantil y juvenil. Creó el blog De Mamas & De Papas (M&P) y es autora de 'Cosas que nadie te contó antes de tener hijos' (Planeta). Licenciada en Derecho y Empresariales y máster UAM/EL PAÍS.

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