La ley del territorio se atasca

La tantas veces anunciada ley de ordenación del territorio se atasca. El ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana ya prometió su aprobación en otoño de 1998, pero el texto no llegó a la mesa del Consell hasta enero de 2002 y su aprobación se retrasó hasta octubre, con lo que las Cortes ya no tuvieron tiempo de tramitar una ley muy criticada desde la oposición y los ecologistas. Estos últimos, para empezar, han discutido la necesidad de una nueva norma cuando la vigente, de 1989, podría ser válida si se hubiera aplicado con rigor y elaborado un modelo territorial definitivo.

La ordenación en el litoral y las modificaciones que afectan al suelo no urbanizable han centrado las críticas al modelo del PP, que pregona que pretende un desarrollo sostenible que vertebre la Comunidad Valenciana y mejore su competitividad. En esa línea, el Consell anunció que prohibiría reclasificar suelo en una franja de 500 metros desde la línea de costa hasta que se redactara un plan territorial integral, pero ni ha logrado la sanción de la norma en las Cortes ni ha aceptado la petición de adelantar una moratoria en la construcción defendida por los socialistas. Mientras, promotores, constructores y alcaldes han manifestado su resistencia a frenar proyectos que urbanizan millones de metros cuadrados en el litoral. Al margen de que el anuncio de la medida haya alentado la especulación o no, lo cierto es que el 65% del litoral está urbanizado y otro 16% pendiente de llenarse de cemento.

En cuanto al suelo no urbanizable, la nueva ley derogaría la actual y su articulado ha levantado las protestas de los ecologistas, que advierten que su interpretación es tan abierta que permitirá construir en humedales, zonas inundables y hasta en suelo no urbanizable protegido.

El retraso de la ley también deja en el camino otro proyecto lanzado por Zaplana, la llamada Ruta Azul, la reordenación de la franja costera entre Sagunto y Valencia. Los ambiciosos planes para esta zona estratégica quedan a la espera de que se tramite la ley, o se redacte otra nueva. Y que se debata en profundidad, como piden expertos en el territorio, sobre el papel de las ciudades, sus accesos, las necesarias correciones medioambientales, se discuta también el papel del mundo rural... Para conseguir una ley que aclare conceptos y objetivos desde unas directrices generalistas que no le permitan envejecer frente a una realidad cambiante, al menos no antes de que se apruebe.