La seguridad ciudadana y el modelo policial

Hablar del actual modelo policial español, es hablar de descoordinación y de la excesiva politización de la seguridad pública. El decepcionante estudio sobre el futuro modelo policial que una Subcomisión de Interior del Congreso realizó a finales de los años noventa, es un ejemplo claro del poco interés, o del interesado poco interés que despertaba, en los sectores más conservadores de los partidos políticos y en los altos mandos policiales y militares, afrontar una renovación en nuestro sistema de seguridad.

Pero las cosas han cambiado. El espectacular aumento de la delincuencia en España -un 30% desde 1996-, principalmente en la Comunidad Valenciana -en delincuencia rural se han duplicado las infracciones penales (delitos y faltas) de 64.264 en 1996 a 133.010 en 2002, que representa un 107% de incremento-, provocado por un modelo policial obsoleto que no ha sabido adaptarse al cambio sociológico y desarrollo económico, ha propiciado, por un lado, el actual sentimiento de inseguridad asentado entre el conjunto de ciudadanos de nuestro país. Por otro lado, esta preocupación por la seguridad ciudadana ha producido que algunos partidos políticos se conciencien de la gravedad del problema, mientras otros, empeñados en poner remiendos y buscando un recurso electoral efectivo para sus intereses políticos, lo usen para anunciar determinadas campañas que tienen mucho de espectacular pero poco de efectividad.

Lo cierto es que los cuerpos policiales siguen regulados en la actualidad por una anticuada ley del año 1986 (LOFCS 2/86), un elemento más en el desconcierto policial español, ya que nuestro modelo policial es único en comparación con el resto de países. Hemos dividido las policías en tres niveles diferenciados entre sí: local, autonómica y estatal, que dependen de tres administraciones diferentes; cuando lo normal hubiera sido optar por sólo dos niveles: local o autonómico, por un lado y estatal, por otro. Un sistema triplicado que, auspiciado por la excesiva politización, ahonda en la descoordinación, aumenta considerablemente el gasto y desvía una ingente cantidad de efectivos en labores no policiales (burocracia, mantenimiento, etcétera).

Pero, además, arrastramos desde el fin de la dictadura como peaje impositivo una partición de la policía estatal en dos cuerpos uno civil, el CNP, y otro militarizado, la GC. Todo ello, unido a diferencias abismales en salarios, medios, formación, etcétera, entre los diferentes cuerpos, ha producido un aumento considerable de la desmotivación en los profesionales policiales, cansados de ver cómo siguen siendo la cenicienta de la Administración. Los datos así lo avalan: caída de la inversión pública en seguridad del 0,63% al 0,52% del PIB en los últimos años, falta de medios, descenso y envejecimiento en las plantillas policiales, aumento exponencial de la seguridad privada que nos coloca como el segundo país europeo, etcétera.

No es de recibo que entre los diferentes cuerpos policiales, incluidos los estatales, no se compartan ni siquiera bases de datos tan importantes como las de desaparecidos, técnicas (análisis de ADN), comunicaciones, etcétera. Así nos encontramos con la duplicidad en muchas investigaciones, sobre todo en delincuencia organizada, con cerca de 500 grupos organizados operando actualmente -principalmente en el arco mediterráneo-, y terrorismo. También en unidades que prestan cometidos similares (TEDAX-GEDEX, GEO-UEI, UIP-GRS). Un panorama de descoordinación que refleja la realidad de los diferentes cuerpos de seguridad.

Por todo ello es necesario y urgente un nuevo diseño en nuestro sistema de seguridad que garantice la coordinación, colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones y policías. Es imprescindible un aumento en las competencias de las policías locales, la creación de policías metropolitanas en las grandes urbes, la homologación entre los distintos cuerpos policiales, incluyendo la formación, y, por supuesto, el establecimiento de bases de datos conjuntas, ficheros compartidos y unidades mixtas entre los distintos cuerpos.

Para garantizar la efectividad policial es primordial que exista, como primer paso, un mando único que coordine el actual modelo, mientras se acomete con responsabilidad el cambio en nuestro sistema de seguridad pública. Un cambio que implique también la desmilitarización de la Guardia Civil, puesto que sus misiones son de policía civil, y se acabe de una vez por todas con la injerencia del Ministerio de Defensa en la política de seguridad pública que tanto daño ha causado a la efectividad del Cuerpo: la delincuencia rural ha crecido en su demarcación policial un 108% en la última década. Ello con permiso del actual ministro de defensa que anunció, en una comparecencia en el Senado el pasado día siete de mayo, una ampliación de las misiones militares para la Guardia Civil, ejemplo, una vez más, del rancio militarismo y de la poca preocupación que existe en determinados círculos políticos por modernizar nuestro sistema de seguridad.

Acometer estas reformas para adaptar el modelo policial español a la demanda real de la sociedad es un primer paso urgente si se quiere evitar lo que el aumento de la inseguridad ciudadana nos está indicando desde hace años: la quiebra de nuestro sistema de seguridad pública.

Fernando Carrillo es presidente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, guardia civil y psicólogo.