Aquí vivo, aquí voto

En nuestro país viven 1.301.342 extranjeros con permiso de trabajo y residencia; de ellos, 839.714 no son comunitarios. Los de procedencia de la Unión Europea votarán en las próximas elecciones municipales allí donde residan, participando con su voto en la política cercana que les concierne. 839.714 no podrán hacerlo por proceder de otros países que no integran la UE. Este trato entre inmigrantes comunitarios y no comunitarios es una flagrante injusticia.

En 1998, la población inmigrante ingresó en las arcas del Estado 335.000 millones de pesetas en concepto de cotizaciones, de éstos el Estado destinó a servicios para esta población unos 148.000 millones (fuente: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales del Ministerio de Trabajo).

Como se ve, más de la mitad de sus aportaciones vino a enriquecer las arcas del Estado. Dinero para construir escuelas y hospitales y un largo etcétera.

El presupuesto para poner a un español en edad de trabajar supone muchos millones en colegios, sanidad y otros. Un inmigrante viene a España en edad de trabajar sin habernos costado a los españoles ni cinco.

El inmigrante viene principalmente a hacer trabajos que los españoles ya no quieren. Cuidan de nuestros ancianos y de nuestros hijos mientras trabajamos, cogen nuestras cosechas a bajo precio para que sean competitivas en Europa, tienen hijos a los que traen a un país que envejece. Son un factor económico muy importante en el desarrollo de nuestra economía.

Ellos mismos son creadores de empleos, empleos, eso sí, de calidad. Muchos profesores y maestros no tendrían plaza dada la baja natalidad española. En sanidad y otros servicios contribuyen a crear empleo. Más todos los puestos que son creados en ONG, que se dedican a acogerlos recién llegados.

Éstas y muchas más aportaciones son las que recibimos de los inmigrantes. Asimismo, la proximidad con otras culturas desde el punto de vista humano es una de las transferencias que nos hacen que más nos enriquecen.

Sin embargo, a la mayor parte de ellos les negamos una de las principales fuente de integración: el derecho al voto, a participar en políticas que les conciernen, próximas como son guarderías, vivienda, servicios sociales, etcétera.

A los que viven aquí establemente y participan económicamente en el bienestar de todos, a una parte de ellos, les negamos el derecho a ser ciudadanos, creando una desigualdad injusta entre los que proceden de países ricos, que éstos sí pueden votar, y los que vienen de países pobres.

Ya existen demasiadas desigualdades en el mundo remediemos las que están a nuestro alcance.