Cambiar el modelo
Según datos del Instituto Nacional de Estadística referidos al Censo de población y vivienda correspondiente al año 2001, la Comunidad Valenciana alberga un total de 415.000 viviendas vacías, lo que la convierte en la tercera comunidad autónoma del Estado español en cuanto a vivienda desocupada existente.
A pesar de ello, basta mirar a nuestro alrededor para comprobar que el ritmo de ocupación de todo tipo de suelo, incluso protegidos, es incesante. Zonas de huerta, litoral, humedales, desembocaduras de ríos, parajes naturales, cauces, sierras... Todo el suelo valenciano parece ser susceptible de ser urbanizado en una espiral frenética que algunos pretenden presentar como paradigma de desarrollo y prosperidad.
Recientes estudios ratifican esa impresión y demuestran que, tan sólo durante el año 2000, el País Valenciano soportó un promedio de 204 toneladas de cemento por kilómetro cuadrado y que Alicante alcanzó el dudoso honor de convertirse en la tercera provincia del Estado español con mayor superficie de suelo urbanizado, tan sólo superada ya por las de Madrid y Barcelona.
Tales estudios evidencian que, de los 450 kilómetros del frente litoral valenciano, se encuentran ya completamente urbanizados más del cincuenta por ciento y del resto tan sólo 82 se encuentran clasificados como no urbanizables, sin que quepa descartar absolutamente su cambio de destino, tal y como hemos podido presenciar estas últimas semanas respecto de parajes como el litoral de Cabanes o la desembocadura del Riu Algar en Altea, o como amenaza con llevar a cabo el Partido Popular, de Sagunto a Cullera, mediante esa aberración urbanística que presentan bajo el pretencioso título de Ruta Azul y que supondría un golpe de muerte para l'Horta Nord y la compactación urbana de una franja litoral de más de setenta kilómetros.
Mientras tanto, la localización de tales procesos urbanizadores en unas pocas comarcas, con especial intensidad en la franja litoral, favorece los procesos de concentración urbana y agudiza el despoblamiento de las comarcas de interior, destinadas a convertirse en el "patio de atrás" de este aparente progreso y condenadas por esa política a ser esquilmadas como proveedoras de materias primas (recursos mineros, forestales, etc...), al tiempo que receptoras de todo tipo de vertidos y otras miserias del metabolismo urbano.
Zonas como l'Horta de València en cualquier otro país del mundo serían consideradas un recurso estratégico de valor incalculable, tanto por su potencial para asegurar una producción agrícola cercana de productos frescos, seguros y saludables, como por reportar otros beneficios colectivos de carácter medioambiental y cultural. Sin embargo, se ven continuamente agredidas por expansiones urbanas, enterradas bajo dudosos equipamientos y superfluas infraestructuras y condenadas por la actual política urbanística y territorial a ser tan sólo un suelo de reserva para futuras ocupaciones, al tiempo que se alienta la degradación de sus zonas más próximas a los bordes urbanos.
Según la misma administración valenciana, desde la entrada en vigor de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) se han puesto en el mercado casi treinta millones de metros cuadrados de suelo urbanizable y se ha construido más que en cualquier otro periodo histórico, a pesar de lo cual la vivienda no ha dejado de incrementar su precio; alcanzando ya, según datos del sector bancario, el doble en comparación con lo que costaba en esta misma comunidad en 1994.
Aún así los mismos promotores que, por efecto perverso de aquella ley, se han convertido en los auténticos administradores del suelo disponible, reclaman de las autoridades la liberalización de treinta millones más de metros cuadrados de suelo urbanizable para, presuntamente, abaratar la vivienda. Algo que no parece haya sido la preocupación ni de empresarios ni gobernantes en estos últimos años, dado que el precio medio por metro cuadrado en nuestra comunidad ha subido 5,2 veces más que los salarios, considerados desde 1999. Salarios que se encuentran, por otra parte, más de dos mil euros/año por debajo de la media española, según datos tomados del 2002.
Ninguno de todos estos indicadores parece desalentar la fantasía que anima al Partido Popular que, en un constante alarde de irresponsabilidad ante el futuro, igual preconiza la creación de 22 nuevos campos de golf (con una demanda media cada uno de mil metros cúbicos diarios de agua, equivalente a la del abastecimiento diario de una población de 6.250 habitantes), mientras comunidades como Baleares aplican desde el 2000 una ley de moratoria sobre tales instalaciones; como decretan que el ochenta por ciento de la comarca de la Serranía pueda ser objeto de explotación minera.
Más pronto que tarde el cuadro que someramente describen estas líneas se revelará como un modelo ineficiente e insostenible. La brutal saturación urbanística de frágiles zonas del territorio como el litoral; la destrucción de fuentes de producción alimentaria como l'Horta; la escasa previsión respecto de la gestión de unos limitados, por definición, recursos naturales; la imprevisión en orden a una adecuada gestión de residuos; el imposible equilibrio financiero de infraestructuras como el AVE; la sobredependencia energética respecto de los combustibles fósiles; así como la necesidad, ya hoy constatable, de otros recursos externos, de entre los que el caso del agua resulta paradigmático; además de otros factores, harán evidente que la carroza del progreso en la que algunos se pavoneaban era, en realidad, una precaria y triste calabaza.
Todo esto es posible mientras el Partido Popular consuma una legislatura más su traición a la tantas veces reiterada promesa de abordar la aprobación de una ley de ordenación del territorio (LOT) que sustituyese a la ley vigente desde 1989 y que no han tenido ninguna voluntad de aplicar, mientras renuncia a aprobar el proyecto de ley de reforma de la vigente LRAU que había venido anunciando a lo largo del último año. Esta estrategia absentista entraña la más grave de las políticas, la de dejar hacer, dejar pasar, para que los depredadores inmobiliarios, con la complacencia de algunos gobernantes, puedan apresurarse con los últimos bocados antes de que se agote el festín.
Las ciudadanas y ciudadanos, ignorados, postergados y violentados por una acción política que les priva del acceso a elementales derechos como la vivienda o un medio ambiente adecuado, que renuncia a garantizar una utilización racional de los recursos naturales, a conservar el patrimonio o, simplemente, a protegernos frente a la especulación; llevamos años de debate, de movilización, tejiendo una red que nos fortalece y nos enseña que avanzar hacia una democracia más participativa y solidaria, pasa hoy por cambiar de modelo, pasa el día 25 de mayo por cambiar de gobierno.
Antonio Montiel Márquez es abogado.
