Expolio en Náquera

Es del dominio público que la aplicación de determinados instrumentos urbanísticos previstos en la legislación valenciana en la materia por parte del Ayuntamiento de Náquera ha provocado una auténtica insurrección contra una actuación municipal que cabe calificar como "desarrollista" aplicada a un entorno protegido en buena parte mediante la figura de "Parque natural". El caso de Náquera es paradigmático al menos por cuatro razones: el uso de la figura del agente urbanizador, el desarrollo de un planeamiento exclusivamente municipal, las vehementes sospechas que la praxis urbanística ha levantado y la irracionalidad que subyace a la actuación municipal. Mas vayamos por partes.

En la legislatura que ahora muere el ayuntamiento de Náquera ha desarrollado una serie de Planes de Actuación, en unos casos destinados a producir suelo industrial, y en otros residencial, que comprometen una parte sustancial del término municipal y buena parte del patrimonio inmobiliario del pueblo. Una población rural y de segunda residencia de larga data se ve abocada en menos de cuatro años a un salto cualitativo: aparece la industrialización y la dotación residencial prevista se multiplica prácticamente por dos. El impacto de la actuación municipal sobre la comunidad es de consideración. Y todo ello sin deliberación ni consulta alguna. Por decreto del consistorio. Nunca mejor dicho. Si los Programas se realizan y completan el pueblo se convertirá en otra cosa, buena o mala; mejor o peor, pero otra. Hacerlo sin los vecinos cuando no a espaldas de los mismos no parece la mejor de las recetas. Tal proceder es, en principio, legal, será imprudente y lesivo, pero legal. Un excelente motivo para replantearse ese marco legal que posibilita un cambio radical sin consulta ni consenso.

Sentado así el principio del desasosiego entra en escena el agente urbanizador. En la práctica totalidad de los casos se trata de una mercantil ajena al pueblo y de naturaleza profesional, su protagonismo estaba condenado a ser percibido en términos de agresión a la comunidad dadas las dimensiones de la intervención. Tal percepción inicial se ve agravada por dos factores: el Programa más importante por su visibilidad supone la liquidación de casi la mitad del suelo de titularidad municipal, y el término "liquidación" es pertinente porque la percepción es que se enajena a precio de saldo. Malo si es así, y malo si no es así. Tanto en un caso como en otro los gestores municipales quedan a altura del betún. A ello se agrega que los distintos PAI operan sobre un suelo de propiedad fragmentada en su práctica totalidad bienes de vecinos del pueblo y, como suele suceder en estos casos, al propietario del suelo el agente urbanizador les coloca la pistola en el pecho: o contribuyes a los elevados gastos de urbanización -que no puedes- o te expropio a precio de saldo. De ahí al ¡manos arriba, esto es un atraco!, no parece que medie mucho. Para arreglarlo lo que se expropia no son solares: es la tierra de la familia, que en no pocos casos es la tierra que la familia trabaja, lo que es arena de otro costal. No sólo es que te privan de la tierra a precio de saldo para revenderla urbanizada a x veces lo que te dan para beneficio del forastero, es que te quitan la viña, los almendros o los naranjos, te cortan tus vínculos con la tierra. Y ése es otro cantar. Náquera es un pueblo y un pueblo no es el PAI de la Avenida de Francia.

Además la gestión municipal no se ha caracterizado por su respeto a los valores naturales y paisajísticos que constituyen el núcleo esencial de los recursos del pueblo. Un mero vistazo a La Sabata basta para comprobarlo. Visto lo visto hacer en zona predominantemente virgen un campo de golf, un hotel y una urbanización de lujo le trae a uno recuerdos muy concretos: los de la urbanización de la Devesa para ser exactos. Nada de extrañar que la operación sólo caiga bien a los propietarios vecinos al proyecto por aquello de la revalorización.

A todo esto el conjunto de los Planes y programas es municipal, como si el municipio fuera una isla. Así un pueblo que tiene tres vías de acceso tiene ya un hermoso tapón en una de ellas (la travesía de Bétera), tiene un polígono industrial en la segunda (Massamagrell)... y le han colocado el polígono industrial justo en la tercera (Moncada). Excuso decirles a ustedes cómo estará el acceso si el conjunto de programas llegan a realizarse, contando con que no hay más transporte público que el MetroBus, si es que al servicio que presta se le puede llamar transporte, y que los fines de semana la zona se llena de ciclistas que van a subir El Oronet. El pueblo tiene además un fuerte déficit hídrico, lo más indicado para montar un campo de golf como bien se sabe. En fin, que muy inteligente no parece.

Si los proyectos minan la base económica actual del pueblo, no son respetuosos con el medio, son impopulares, han agraviado a una parte sustancial de los vecinos, no atienden a las necesidades de infraestructuras y servicios, no son congruentes con el parque natural... etcétera ¿Cómo se puede producir tal despropósito? El refrán dice: "Piensa mal y acertarás", y por una vez no parece impropio. A primera vista al menos. Si alguien piensa que el urbanismo y la ordenación del territorio no deben ser competencia municipal tiene en Náquera un ejemplo a mostrar.

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.