En busca de residencias

El envejecimiento de la población -16 de cada 100 españoles tienen más de 65 años- ha situado la atención de los mayores entre los asuntos de mayor preocupación electoral. Todos los partidos prometen más residencias de ancianos -ahora hay sólo tres plazas por cada 100 mayores- y fórmulas para extender la atención domiliciaria. Lo que sigue resume la situación en Madrid, Valencia, Andalucía, y Barcelona

MADRID 800.000 jubilados

Los jubilados, unas 800.000 personas, suponen un 14% de la población de la Comunidad de Madrid. Hay 14.000 plazas públicas y concertadas en las que los mayores pagan una parte de su pensión. Pero el propio Gobierno regional reconoce una lista de espera de 9.000 mayores que la oposición multiplica por dos.

Para paliar esta falta de geriátricos y centros de día públicos la Comunidad puso en marcha hace cuatro años el llamado Plan de velocidad (1999-2003) que contempla la construcción de 39 nuevas residencias (7.020 camas). El procedimiento consiste en ceder suelo público a empresas privadas para que construyan las residencias y las regenten durante 50 años. El Gobierno abona el 25% del coste de la obra y también subvenciona el 33% de las plazas (2.316) para mayores de bajos recursos. El resto de las camas de este Plan de velocidad tendrán un precio propio de los geriátricos privados, es decir, de 1.300 a 1.800 euros al mes.

ANDALUCÍA 10.000 ancianos a la espera

En Andalucía viven más de un millón de personas que han superado los 65 años de edad. La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores calcula que faltan 10.000 plazas en residencias de ancianos. Una cifra que no comparte la Junta de Andalucía al considerar que, además de las plazas residenciales, debe tenerse en cuenta la asistencia domiciliaria y los centros de día.

VALENCIA La solución privada

La apertura al sector privado ha sido el sello que ha marcado la política del PP. La consejería de Bienestar Social sacó a concurso la construcción de 73 residencias con un total de 9.021 plazas. Las empresas adjudicatarias se comprometieron a construir y gestionar los centros (de hasta 140 residentes) a cambio de que la Generalitat se quedara con una tercera parte de las plazas por 38,5 euros al día durante 15 años.

Según los plazos del gobierno valenciano, está previsto que este año entren en funcionamiento 4.500 plazas. Cuando llegó el PP al poder valenciano, en 1996, creó una especie de concierto con el sector privado basado en el denominado bono residencia, cheques concedidos a las personas mayores con las que éstas se pagan parte del coste de residencias privadas adheridas al programa. En 2002 gastó 25,8 millones en cheques para 5.264 mayores.

El problema del bono-residencia es que la ayuda es "electoralista y clientelista" y se ofrece en función de la disponibilidad presupuestaria y no de las necesidades, denuncian los socialistas.

BARCELONA 1.000 euros al mes

Hasta un 22% de los barceloneses ha llegado a la edad de la jubilación, un porcentaje que no alcanza ninguna otra gran ciudad española.

Las plazas residenciales a duras penas alcanzan las 10.000, un tercio públicas. Los que tienen que pagar difícilmente encuentran una cama por menos de 1.000 euros mensuales. En estos casos una solución son los centros de día, al que tienen acceso menos del 2% de los mayores de 65 años. La otra solución, también poco extendida, es la asistencia domiciliaria, que llega a otro 1,7% de la población.

El Ayuntamiento y la Generalitat se culpan mutuamente de haber puesto palos en las ruedas de los proyectos para dotar a la ciudad de más infraestructuras para los mayores, aunque socialistas y nacionalistas han acercado posiciones los últimos meses en aspectos como la cesión de solares públicos para construir residencias. El Ayuntamiento, sin embargo, considera que los ancianos no tendrán la atención que se merecen si no se logra duplicar el presupuesto. Faltan 133 millones de euros al año.