Las televisiones privadas reclaman un estatuto de servicio público para TVE y las cadenas autonómicas
Los operadores agrupados en la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) reclamaron ayer la creación de un estatuto de servicio público para los canales de titularidad estatal (TVE) o autonómica. A su juicio, este texto debería comprender las cargas y obligaciones de estas compañías en materia técnica, publicitaria y de programación ya que actualmente se rigen por un marco "obsoleto", según explicó ayer el secretario general de esa asociación (que agrupa a Antena 3, Tele 5 y Sogecable), Jorge del Corral. Agregó que "el espantoso endeudamiento" de las televisiones públicas (6.200 millones de euros y creciendo) es síntoma de una crisis que requiere soluciones urgentes y consensuadas. Del Corral subrayó que la televisión privada es gratuita o de pago voluntario, a diferencia de la pública, que es de pago obligatorio.
El presidente de UTECA y de Tele 5, Alejandro Echevarría, criticó "el parón" de la ley audiovisual, en cuyo texto ha trabajado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, el proyecto de ley puede quedar en dique seco si el Consejo de Ministros no da este viernes luz verde para su tramitación parlamentaria. Echevarría subrayó la trascendencia de esta ley "en los planes futuros" de los operadores. "Hay tiempo para resolverlo. Hemos recibido buenas palabras, pero nos encontramos en una situación límite", matizó.
Diferencias en el Gobierno
Sin embargo, las diferencias en el seno del Gobierno están bloqueando la entrada del proyecto de ley en el Consejo de Ministros. Uno de los puntos en conflicto afecta al sistema de financiación de las televisiones públicas. Los ministerios de Economía y Hacienda se muestran reticentes a la hora de incrementar las aportaciones públicas a TVE, mientras que Ciencia y Tecnología diseñó un modelo que preveía un aumento de las subvenciones y una restricción al mercado publicitario.
Para UTECA, el actual ordenamiento jurídico español está compuesto por "una maraña" de normas, por lo que se hace necesario compilar la dispersa legislación en un solo texto para dar "coherencia y seguridad jurídica". En su opinión, la televisión privada que utiliza el espectro radioeléctrico debe dejar de ser un servicio público esencial para pasar a ser una actividad prestada en régimen de competencia y sometida exclusivamente a una autorización, renovable de forma automática.
En cuanto a las participaciones accionariales en las empresas audiovisuales, UTECA califica de "desproporcionadas" las restricciones impuestas por el Gobierno a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, que impiden a un accionista participar (aunque sea de forma minoritaria) en una cadena nacional y en otras de cobertura local o autonómica. Para UTECA, la reforma audiovisual exige la implantación de un sistema televisivo "viable, estable y duradero". Para ello considera necesario que se alcance un consenso de todas las fuerzas parlamentarias.
Las televisiones privadas reclaman también la creación de un consejo audiovisual con capacidad sancionadora. UTECA recordó que España es el único país comunitario, junto a Luxemburgo, que no cuenta con una autoridad audiovisual independiente y neutral de ámbito estatal.
Asimismo, los operadores privados expresaron su preocupación por el "frenazo" en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. UTECA solicitó la puesta en marcha de una comisión capaz de dirimir los numerosos litigios entre las televisiones y las entidades de gestión de derechos de autor.
