Educación cierra el Centre Social del Grau sin dar salida a 1.300 alumnos

La decisión de la Consejería de Educación y Cultura de cerrar el Centre Social del Grau, ubicado en la calle de Jerónimo Monsoriu de Valencia, ha sentado muy mal a los

usuarios, sobre todo a los 1.300 alumnos de la Asociación de Profesores, Alumnos y Simpatizantes (APAS) que desde hace 25 años viene desarrollando múltiples actividades (cerámica, dibujo y pintura, decoración, informática, deportes...) y de momento no cuentan con espacio alternativo. No se discute el motivo del cierre: la necesidad de una obra de emergencia para asegurar la cimentación y reformar la instalación eléctrica y de fontanería, así como habilitar salidas de emergencias. Los vecinos llevan meses denunciado la precaria situación del centro, de 40 años.

El problema es que el anuncio del cierre se ha hecho de un día para otro y sin que a la APAS se le haya dado una sede alternativa para continuar con sus actividades, según denuncia la presidenta de la misma, Carmen Sarrió. Ayer por la tarde varios centenares de vecinos y alumnos de la asociación se concentraron ante las puertas para protestar por la falta de espacio, por no poder seguir sus cursos y por la falta de tiempo incluso para recoger sus cosas, como el horno del taller de cerámica.

Sarrió señala que la consejería se ha comprometido a resolver la reubicación de las entidades "oficiales" que ocupan el edificio mientras se consuman las obras, si bien no ha dado de momento una alternativa a la APAS, que tiene el mayor número de alumnos. "Nosotros no somos prioritarios", se queja Sarrión. Algunos profesores dieron ayer clase en la calle.

La consejería envió ayer un comunicado en el que asegura que garantiza la reubicación en otros centros para acabar el curso de los alumnos de Educación Infantil, de la Escuela de Adultos y del personal pedagógico. Nada dice de la APAS ni del festival Cinema Jove, a cuya dirección se le permitió trabajar ayer en el centro. Agrega que la declaración de obra de emergencia supondrá 360.000 euros. La directora de los Servicios Territoriales, Nieves García, ha convocado el lunes una reunión informativa.