La UE confía en firmar un acuerdo global de extradiciones con EE UU
La presidencia de la UE cree aún posible cerrar en junio el primer acuerdo global de extradición con EE UU y que incluya garantías concretas en casos de procesamientos ante tribunales especiales norteamericanos, como exige Francia. El Gobierno de París quiere que el futuro acuerdo recoja una alusión a la protección de los derechos humanos, tal y como dice el artículo 6º del Tratado de la Unión.
El ministro francés de Justicia, Dominique Perben, informó ayer en Bruselas a sus colegas europeos sobre el dictamen del Consejo de Estado galo, que reafirma las tesis de la Asamblea Nacional y del Senado a favor de que se especifique claramente ese punto. El titular español de esa cartera, José María Michavila, no asistió.
Perben está negociando con el fiscal general de EE UU, John Ashcroft, la modificación de uno de los párrafos del artículo 16 del futuro acuerdo para que se incluya claramente la referencia a la protección de los derechos humanos en el caso de individuos que vayan a ser juzgados por tribunales especiales norteamericanos.
La presidencia griega de la UE manifestó ayer sentirse optimista de que el acuerdo pueda quedar finalizado en la próxima reunión de los ministros de Justicia e Interior, el 6 de junio, refrendado dos semanas después en el Consejo Europeo de Salónica y finalmente suscrito por el primer ministro griego, Costas Simitis, y por el presidente George Bush, a finales de ese mes, en la cumbre EE UU-UE celebrada en Washington.
Uno de los puntos más espinosos del futuro acuerdo, que nace a raíz de los atentados del 11-S, es la pena de muerte, legal aún en varios Estados de EE UU pero proscrita desde hace casi tres décadas en la UE. Las autoridades norteamericanas han aceptado que la extradición pueda ser rechazada en delitos de pena capital.
Por otra parte, la reunión de los responsables de Justicia e Interior, en la que por primera vez participaron los ministros de los 10 países de la ampliación, no logró cerrar las dos propuestas de directiva sobre los derechos mínimos, la protección de los refugiados y el estatuto de residentes de larga duración, que Alemania sigue bloqueando.
La reunión de ayer no fue del todo estéril. Los ministros dieron el visto bueno para que sean armonizadas normas de reconocimiento mutuo de multas y también de control de tarjetas prepago de telefonía móvil. Esta última es una iniciativa de España, que tiene intención de aplicarla "cuanto antes", según manifestó el ministro español de Interior, Ángel Acebes.
