La cárcel como negocio
Empresas privadas construirán y explotarán 18 prisiones francesas
La última prisión inaugurada en Francia permitió sacar a 300 presos de un vetusto edificio del centro de Aviñón, que data de 1865, y trasladarlos a una cárcel moderna construida en un suburbio. ¿Quién puede protestar por disponer de celdas individuales, luminosas y dotadas de ducha y vigilancia electrónica sofisticada? Los responsables de Justicia lo vendieron como el paso del siglo XIX al XXI y han llegado a la conclusión de que necesitan 18 cárceles más. Pero las nuevas prisiones serán construidas y explotadas por empresas privadas.
La novedad no es menor en un país tan estatalizado. El número de presos aumenta brutalmente desde el despido del Gobierno de izquierda: la población penitenciaria ascendía a 59.155 personas en Francia el 1 de abril, un 15% más que en agosto pasado, muchos de ellos hacinados en edificios con ocupaciones de hasta el 130% de su capacidad. Este panorama no es bueno para un Gobierno cuyo ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, ha creado la imagen de que la delincuencia baja vertiginosamente a medida que sube el número de encerrados, y que ha promovido leyes penales que auguran bastantes más presos en el futuro.
Algunos expertos muestran poco entusiasmo con el plan del Gobierno de Jean-Pierre Raffarin
El intento es terminar las 18 prisiones en cuatro años. La autoridad podrá disponer así de 10.000 nuevas plazas carcelarias para atender a la demanda de ley y orden del votante medio, justo el tiempo que falta hasta la próxima campaña para las presidenciales y legislativas. Para ello hay que gastarse unos mil millones de euros, pero esta cantidad no recaerá de golpe sobre el presupuesto estatal: los responsables de Justicia proponen que las cárceles sean construidas y explotadas por el sector privado. El Estado se limitará a alquilar las nuevas prisiones, además de encargarse de la vigilancia.
Para los promotores del proyecto todo son ventajas: nada de aguantar plazos y trámites engorrosos de los concursos públicos de concesión de obras. Los constructores negociarán la financiación sabiendo que el Estado pagará poco a poco, porque se prevén contratos de "alquiler con opción de compra" de larga duración, entre 15 y 30 años.
A algunos juristas no les gusta la idea. "Confiar la prisión al sector privado es hacer dinero con los presos", afirma Dominique Barella, presidente de la Unión Sindical de Magistrados. Otros expertos, ajenos al Gobierno, muestran poco entusiasmo con el plan de privatización, porque dudan de que las empresas inviertan más que el Estado en sus propios establecimientos: un empresario privado tenderá a rebajar los costes cuanto pueda, por ejemplo en sistemas de seguridad. "Un contrato no puede prever que no haya evasiones", advierte el ex empresario Pierre Bedier, autor de la imaginativa solución de privatizar la construcción de cárceles desde su rango actual de secretario de Estado para los Programas Inmobiliarios de la Justicia. Las prisiones francesas sufren fugas de película, como la ocurrida en Fresnes a mediados de marzo, asaltada con lanzagranadas por un comando que se llevó a Antonio Ferrara, reputado como uno de los grandes mafiosos. Otro plan similar, destinado a provocar una fuga de etarras, fue descubierto hace meses en la cárcel parisiense de La Santé. Francia también es el paraíso de las evasiones en helicóptero: 17 presos se han marchado por este procedimiento en cuatro años, los tres últimos el 14 de abril.
El debate le viene bien al Gobierno de Jean-Pierre Raffarin, enemigo de sorprender al público con grandes medidas políticas y cuya técnica consiste en explicarlas por anticipado, hasta estar razonablemente seguro de que la oposición no es insalvable. Y es que hay precedentes. El mercado del castigo ha florecido en Estados Unidos, donde el endurecimiento de la política penal y la intervención del sector privado se han traducido en un gran aumento de la población encarcelada, que se estima en 700 presos por cada 100.000 habitantes (la tasa francesa está lejos: 100 encerrados por cada 100.000).
A despecho de las escaramuzas diplomáticas en que Francia se embarca contra el unilateralismo norteamericano, la derecha francesa en el poder admira muchos elementos de la cultura estadounidense en materia de seguridad, empezando por ese lema de la "impunidad cero" con la delincuencia que Jacques Chirac utilizó como eje de la campaña para su reelección presidencial. Las empresas de obras públicas parecen contentísimas de que también se importe la liberalización de las prisiones.
