En Madrid no me quieren

"Eso es veneno para todos", afirma Antonio López Santos, de 70 años, mientras otea el inmenso tejido industrial que Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) tuvo hasta los años sesenta en sus alrededores y que ahora no existe. Y ese "veneno" es el cementerio nuclear de El Cabril, que guarda todos los residuos radiactivos de baja y media intensidad que se generan en España. López Santos llegó a Peñarroya hace 40 años, casi en la misma época en que la polémica instalación se asentó en esta localidad, que cuenta con 12.440 habitantes, según el censo de 2001. Unos habitantes que aún no se han acostumbrado a convivir con este incómodo vecino.

"Cuando montaron El Cabril, nadie sabía lo que era y ahora los jóvenes tienen que emigrar para buscar trabajo", añade López Santos. Y es que en estos 40 años, la mitad de la población ha abandonado este municipio, gobernado por, Rafael Muñoz (IU), quien viene pidiendo que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) se implique más en el tejido empresarial de la zona. IU es el único partido que se ha opuesto al Gobierno central por esta instalación.

El Ministerio de Defensa acumula pleitos con Rota, Barbate o Sevilla

A pesar de que Enresa se esfuerza en proyectar una imagen de seguridad y limpieza, a pocos ciudadanos del norte de la provincia de Córdoba les agrada tener cerca el cementerio nuclear. Ciudadanos de Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo y Hornachuelos, los municipios cordobeses más cercanos, no creen que las instalaciones les beneficien.

Estos vecinos son un ejemplo de varios municipios que se lamentan de la incomprensión del Gobierno. A las habituales quejas por las inversiones de la Administración central en Andalucía, numerosos municipios suman un puñado de exigencias específicas. Un ejemplo de perseverancia son los 22 ayuntamientos de Córdoba y Jaén que desde hace dos años reclaman que se acaben las conexiones que les permitirá recibir agua del pantano del Víboras, cuya construcción terminó en 2001.

En Adra (Almería) y en las comarcas de La Loma, Segura y Las Villas (en Jaén), las reivindicaciones se concentran en la mejora de la red de carreteras. Y para demanda histórica de carreteras, la sempiterna promesa de liberalización del peaje de la A-4, la autopista que une Sevilla y Cádiz. PP y PSOE han incumplido esta vieja aspiración de la provincia, que ve el peaje como un elemento que yugula su crecimiento.

El Ministerio de Defensa acumula varios pleitos: en Rota (Cádiz), el Ayuntamiento le exige el abono de impuestos por la base militar asentada en su territorio, pero hasta el momento el Gobierno ha hecho oídos sordos pese a que el Tribunal Supremo le ha dicho que tiene que pagar. En Barbate, también en Cádiz, el municipio exige la cesión de terrenos militares para facilitar su desarrollo. Barbate es uno de los pueblos que en los últimos años ha estado más pendiente de Madrid, después del fracaso de la negociación pesquera con Marruecos, que dejó en el dique seco a centenares de trabajadores. El municipio barbateño aún espera el plan de diversificación económico anunciado por el Gobierno central. Defensa tiene otro conflicto histórico con el Ayuntamiento de Sevilla a cuenta del hospital militar Vigil de Quiñones, cuya cesión llevan negociando varios años ambas administraciones, además de la Junta.

En Castril (Granada), el municipio está enfrentado al Ministerio de Medio Ambiente por su plan de construir un canal que invade una parte protegida del pueblo. Una polémica parecida a la que vive Antequera (Málaga), donde hay oposición al trazado del AVE a Málaga, que limita el crecimiento de la ciudad. Y es que a veces la alta velocidad no es la mejor manera de reducir distancias.