La Generalitat plantea una nueva ley de horarios comerciales

La Generalitat de Cataluña ha abierto de nuevo el debate de los horarios comerciales. El Gobierno catalán plantea, en vísperas de un largo periodo electoral, un nuevo pulso al Gobierno central y a las grandes superficies para restringir la libertad de horarios.El Ejecutivo catalán anunció ayer que presentará al Parlamento catalán una proposición para que lleve al Congreso una nueva ley de horarios comerciales que plantea abrir en toda España un mínimo de 72 horas semanales en días laborables y un mínimo de ocho domingos y festivos anuales.

La proposición del Gobierno catalán pretende retraer el decreto-ley de 2000, que amplió la apertura comercial de 72 a 90 horas semanales, aumentó el número de aperturas en festivos de 8 a 12 y decretó la libertad de horarios para los comercios de menos de 300 metros cuadrados, y "anticiparse a la liberalización comercial, prevista para 2005", según declaró ayer un portavoz del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo. Sin embargo, el citado decreto contempla que las comunidades autónomas puedan fijar el número máximo de aperturas.

La Generalitat, que acató el decreto-ley de 2000 por "imperativo legal", considera que 72 horas semanales son "suficientes" para atender las necesidades de los ciudadanos y que a los botiguers "no les sale a cuenta" abrir más de ocho festivos. Sin embargo, el Ejecutivo catalán tampoco ha contribuido a ello, puesto que desde la entrada en vigor de dicha normativa, los días festivos de apertura adicionales autorizados se han concentrado en agosto, en pleno periodo vacacional, sin tener en cuenta las fechas de rebajas o navideñas, mucho más favorables.

Apoyo a los 'botiguers'

El consejero de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, Antoni Fernández Teixidó, admitió ayer que la iniciativa responde al "rechazo" que existe entre los botiguers -considerados tradicionalmente como un feudo electoral de CiU-, a dicho decreto aunque recoge también la "inquietud" de los comerciantes de toda España ante la normativa actual. En este sentido, el consejero añadió que la propuesta se fundamenta en los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades autónomas, Cataluña entre ellas, y ha pedido a todos los partidos políticos catalanes que secunden esta iniciativa.

El próximo Consejo Ejecutivo de la Generalitat, que se reunirá el martes que viene, aprobará remitir esta iniciativa a la Cámara catalana, donde se debatirá en el mes de junio para poder presentarla después en el Congreso.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), organización que agrupa a las principales empresas del sector, como El Corte Inglés, Carrefour y Alcampo, entre otras, se mostró soprendida por la propuesta del Gobierno catalán, pero declinó emitir una valoración a la espera de poder analizarla con más precisión.