La capital de las cárceles

Dice Augusto Tolón, vecino de El Puerto de Santa María (Cádiz), que nunca le ha gustado que a su ciudad se la relacione con un penal. "Pero menos ahora, con tres", añade. Porque si la represión en la antigua cárcel -inmortalizada por la copla ("mejor quisiera estar muerto / que verme pa toa la vía / en este penal del puerto / Puerto de Santa María")-, hizo famosa la ciudad, ahora este vecino teme que perjudique al turismo la construcción del tercer centro penitenciario del municipio, gracias al acuerdo firmado el pasado 4 de abril entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento.

El Puerto se convertirá a finales de 2005 en la ciudad de España con más prisiones civiles, puesto que hasta ahora compartía con Ocaña (Ciudad Real) y Alcalá de Henares (Madrid), ambas con dos centros.

"¿Qué diremos en la feria del turismo? ¿Que nuestra primera empresa son las prisiones?"

En una situación en la que las prisiones españolas baten récords de ocupación -el mes pasado se contaban 53.600 reclusos, de los que 12.035 estaban en Andalucía- y en la que construir nuevas cárceles es cada vez más difícil por el rechazo de la población, choca que de los cuatro centros penitenciarios que el Gobierno quiere construir sólo se haya conseguido suelo precisamente allí donde ya había dos.

"Es que beneficia a la ciudad, porque genera un movimiento económico importante", explica el alcalde de El Puerto, Hernán Díaz Cortés, de Independientes Portuenses. Y esgrime varios argumentos, calcados del folleto editado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) sobre la incidencia socioeconómica de un centro-tipo, como que las arcas municipales se llevarán tres millones de euros en licencias o que el comercio de la zona se verá favorecido por la llegada de unos 500 funcionarios con sus familias, cuyas nóminas mueven más de ocho millones de euros al año.

Su tesis la avala el director de una de las dos prisiones, Luis Alcalá, director de El Puerto 1, donde sólo hay reclusos de primer grado. "Una prisión es una industria muy importante para un municipio", sostiene. "A la multitud de gastos en alimentación, pintura, proveedores, albañilería,... hay que unir la mano de obra y los materiales para la construcción del centro, que durará dos años. Sólo le veo ventajas".

"Tiene sus pros y sus contras", dice por su parte el candidato del Partido Popular a la alcaldía, Aurelio Sánchez. "Los hemos sopesado y, si el centro viene a Tarifa, que lo ha solicitado, o a cualquier municipio del entorno y no nos vamos a librar de la posible influencia negativa, lo mejor es que al menos nos beneficiemos". Cree, además, que apenas afectará a los vecinos porque se va a construir lejos del centro urbano, frente a los dos centros actuales (Puerto 1 y Puerto 2), a una decena de kilómetros y a tan sólo 500 metros del término municipal de Jerez. "Si uno pregunta a un portuense dónde están las prisiones, el 96% no lo sabe, porque no están en la ciudad ni en una carretera de uso mayoritario. Y eso significa que tampoco le afectan, porque si no sería un punto negro".

Ante la sorpresa de las asociaciones de comerciantes y vecinos, que se oponen a la prisión, también votó a favor el PSOE, cuya portavoz, Consuelo Gamero, sostiene que la razón fundamental del apoyo es que así se logrará erradicar los problemas que arrastra casi desde su inauguración El Puerto 2. "Una de las quejas más reiteradas que nos llega es el hacinamiento de los reclusos en esa prisión. Hacer una extensión hará que disminuya y, además, será una cárcel moderna, donde los presos estarán clasificados por edades, lo que facilita su reinserción y reeducación". Otra ventaja, añade, será la creación de nuevos puestos de trabajo: "A mí me gustaría más que viniera una empresa de alta tecnología o un hotel de lujo, pero con las cifras de paro que tenemos, tampoco estamos para rechazar ofertas".

El apoyo a la tercera prisión también cuenta con los sindicatos de prisiones. De hecho, según relata Juan Carlos Sánchez, delegado sindical en El Puerto 2 de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), mayoritaria en el sector, fueron ellos quienes sugirieron al alcalde que pidiera uno de los dos nuevos centros destinados a Andalucía.

Les favorece la creación de nuevos puestos de trabajo y el aumento de la seguridad de un centro más moderno. Pero también, como apunta Juan Carlos Lubián, un portuense que es funcionario de tradición (su padre trabajó en el antiguo penal y tiene dos hermanos en el cuerpo), "la promoción interna puede ser beneficiosa".

Aunque hasta ahora la protesta contra la nueva prisión ha sido débil -entre otras cosas, porque la decisión sólo trascendió cuando ya estaba tomada- el más fuerte rechazo procede de Izquierda Unida, respaldada por la Federación Local de Asociaciones de Vecinos o Madres Unidas contra la Droga. El candidato de IU a la alcaldía y diputado provincial, Ignacio García, se opone por coherencia con su formación.

"Es un problema de índole general. Habría que hincarle el diente a un sistema penitenciario que no fuera de represión, sino de reinserción", afirma. "Pero incluso aunque hagan más falta cárceles, porque hay más reclusos, no nos parece razonable que se concentren en algunas localidades, porque las estamos marcando, y lo que pedimos es centros más reducidos, que permitan un tratamiento individualizado".

Se queja, además, de que se utilicen argumentos de economía -"tampoco se han peleado por otro tipo de inversiones"-, como el de que se crean puestos de trabajo: "Por esa regla de tres, valdría la construcción de una central nuclear", dice.

"Un asunto tan delicado se podía haber debatido públicamente", sostiene también Luis Hinhiesta, presidente de la Asociación de Comerciantes de El Puerto, quien cree que una prisión no promocionará precisamente la riqueza turística. "¿Qué haremos el año que viene en la feria del turismo, Fitur? ¿Diremos que nuestra primera empresa son las prisiones?".

Aunque la oposición a la cárcel no descarta movilizaciones, poco puede hacer contra un proyecto aprobado con la única oposición de uno de los cinco grupos del pleno municipal, el de IU.