OPA al criterio de la CNMV

El pasado viernes 11 de abril el Consejo de Ministros dio luz verde a la nueva regulación sobre ofertas públicas de adquisición (OPA). Los expertos consultados aprecian que la nueva norma otorga un excesivo poder a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para que decida cuándo que se debe o no lanzar una oferta. Una discrecionalidad con la que no están de acuerdo, sobre todo por las últimas actuaciones de este organismo en las recientes ofertas.

La nueva legislación de OPA se ha redactado con celeridad y no se ha esperado a la directiva comunitaria que está actualmente elaborándose y que puede, en un futuro próximo, cuestionar las reformas introducidas ahora. Andrés Recalde, catedrático de Derecho Mercantil y consultor del despacho Albiñana y Suárez de Lezo considera que el nuevo texto legal flexibiliza el concepto de participación significativa y, por tanto, se da más margen a la CNMV para decidir cuándo se debe lanzar una OPA. "Creo que esta discrecionalidad no es mala en sí misma, pero exige que la CNMV sea seria y eficaz. Si por otros caminos es posible eludir los requisitos que impone la legislación, todo pierde sentido".

Otro aspecto que aborda la nueva normativa es permitir que se comuniquen o busquen los avales en una operación 48 horas después de haberla lanzado con el fin de evitar la información privilegiada. "Me parece un periodo de tiempo muy corto y es casi imposible que cualquier comprador encuentre en este plazo los apoyos financieros suficientes, por lo que no se evita la información privilegiada", añade Recalde. "Es positiva la nueva regulación de ofertas competidoras que introduce más competencia y, por tanto, más beneficios para los accionistas minoritarios". Respecto a los aspectos formales, el consultor del despacho Albiñana y Suárez de Lezo considera que se ha redactado a toda prisa y hay numerosos aspectos que no se entienden bien.

Medir la intención

Manuel Sánchez, profesor de Derecho Mercantil y asociado del despacho Garrigues apunta que aunque la nueva regulación sobre OPA es bienintencionada, su plasmación técnica no es la más adecuada por lo que quedan muchos flecos abiertos. "No se define lo que es control significativo de una sociedad. Una interpretación rigorista forzaría a lanzar numerosísimas OPA en el mercado español. Tampoco existe una objetivación del conjunto de participaciones significativas". Y añade: "El real-decreto habla también de la intención, que es un concepto que no se puede definir. Con ello, la CNMV puede obligar a lanzar una OPA a un accionista y queda en sus manos porque hay abundantes incógnitas de interpretación. Existe, pues, un exceso de intervención administrativa". Por último, el experto apunta a que bastantes aspectos de la directiva europea sobre OPA que está actualmente en marcha apuntan por caminos distintos a los planteados en el decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

La nueva norma obliga a lanzar una OPA sobre un mínimo del 10% del capital cuando se pretenda alcanzar una participación inferior al 25%, y además se tenga la intención de promover la designación de más de un tercio y menos de la mitad más uno de los miembros del órgano de administración de la sociedad opada. La OPA deberá ser por el 100% cuando se pretenda nombrar a más de la mitad de los consejeros o se quiera acceder a más del 50% del capital. También la nueva normativa obliga a comunicar a los compradores si se entra o no en estos supuestos cada vez que adquieran más de un 5% del capital. Se fija una vigilancia de 24 meses por si los compradores caen en estos supuestos.

Otros aspectos de la nueva norma permiten que todos aquellos que intervengan en la OPA puedan en cualquier momento mejorar su oferta y no sólo el primer ofertante, como ocurría con la legislación anterior. Desaparece también la exigencia de que las mejoras de precio de las ofertas competidoras sean de al menos el 5%.