El Ayuntamiento de Cádiz ofrece viviendas sociales antes de disponer del suelo

El Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el PP, ofertó el pasado mes de marzo una promoción de 144 viviendas de protección oficial (VPO) que proyecta construir en los próximos meses en el barrio de Puntales. Sin embargo, el Consistorio no es todavía el propietario de los terrenos que albergarán 89 de estos pisos. Más de 6.000 familias formalizaron la solicitud de opción a esas viviendas, que serán sorteadas este verano.

En el último pleno ordinario del actual mandato, celebrado ayer, el gobierno local planteó una propuesta por vía de urgencia para iniciar la expropiación forzosa de una parcela de casi 20.000 metros cuadrados propiedad de Renfe. Todos los partidos de la oposición votaron a favor de la propuesta popular, pero el PSOE se mostró muy crítico con la actuación municipal. Según denunció el portavoz socialista, Juan Ortuño, se trata de un episodio "escandaloso y sorprendente". "Se ha jugado con las ilusiones de los gaditanos al ofertarle unos pisos cuando el Ayuntamiento todavía no es el propietario de los terrenos (...). Una promotora privada tendría que responder de una práctica así ante los tribunales", denunció Ortuño, quien afirmó que esta actuación "demuestra el urbanismo chapucero y sin orden" que practica el PP.

A todas estas críticas respondió la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, quien defendió la actuación municipal: "Estamos actuando en paralelo al ofertar las viviendas y terminar, al mismo tiempo, el trámite para construirlas". Martínez acusó al portavoz del PSOE de tener "un doble lenguaje" por denunciar una práctica urbanística que "emplea también con asiduidad" la Junta de Andalucía.

Escalada de precios

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación de Málaga y candidato a la alcaldía de la capital por IU, Rafael Rodríguez, propuso ayer que las administraciones públicas y los ayuntamientos promuevan viviendas libres sociales para intervenir en el mercado, competir con los promotores privados y contener la escalada de precios, que en 2002 se incrementaron en Málaga en un 22%.

Rodríguez sostuvo que los promotores públicos que permanezcan cruzados de brazos serán "cómplices" de la exclusión del 70% de los ciudadanos, que no pueden acceder a una vivienda. "Cuando en una parcela, en lugar de hacer VPO o viviendas libres sociales a precios asequibles los ayuntamientos venden el suelo en subasta, se convierten en un especulador más", criticó Rodríguez.

Para IU, el incremento de los precios se debe fundamentalmente a los altos beneficios que aplican los promotores, que situó casi en el 50%, y no al valor del suelo, los costes laborales o los materiales, que son más baratos que en el resto de la UE. "Los promotores públicos no pueden rendirse ante el dios mercado. Es una irresponsabilidad", advirtió el también presidente de la Empresa Provincial de la Vivienda, dependiente de la Diputación, quien precisó que en Málaga las viviendas de protección oficial construidas han descendido del 65% al 9% en 16 años.