Los socialistas acusan a Castillejo de iniciar la privatización de Cajasur

El secretario provincial del PSOE en Córdoba, José Antonio Ruiz Almenara, aseguró ayer que la privatización de Cajasur "viene de camino". Ruiz Almenara precisó que el punto octavo de la Asamblea General ordinaria del próximo 21 de mayo incluye la "autorización al Consejo de Administración a plantear las cuotas participativas". Las otras cinco cajas andaluzas se han comprometido a no utilizar esta polémica vía de captación de recursos incluida en la Ley Financiera y la Junta endureció los requisitos para su aprobación en la adaptación de la normativa autonómica.

El director general de la caja, Francisco Jurado, dijo esta semana que la emisión de cuotas participativas no se contemplaba por el momento, lo que "no quiere decir que en 2005 o 2006 no se pueda hacer". Según Ruiz Almenara, estas cuotas participativas benefician la entrada de personas afines al PP en la caja y apuntalan el pacto entre "el presidente de la Confederación Episcopal, Rouco Varela y Javier Arenas [secretario nacional de los populares y ministro de Administraciones Públicas]". El secretario provincial del PSOE pintó un escenario en el que el PP dispondrá del "poder absoluto" en la caja, una vez satisfechos los "intereses personales de Castillejo", por el que la entidad ha pagado una póliza de 2,9 millones de euros para garantizarle una renta vitalicia cuando abandone la presidencia.

La Ley Financiera, impulsada por el PP y aprobada en noviembre pasado, regula las cuotas participativas como títulos similares a las acciones para brindar a estas entidades financieras una vía alternativa de captación de recursos. Pero a diferencia de las acciones, no dan derechos políticos (no representan votos en el Consejo de Administración), cada inversor sólo puede optar al 5% de la emisión y ésta no puede superar el 50% del patrimonio de las cajas. Aún así, la Ley andaluza de Cajas endureció los requisitos para su aprobación (el 80% de votos favorables en la Asamblea) y las otras cinco entidades andaluzas se comprometieron a no usarlas, ante el temor de que la influencia de los inversores condicionara su gestión.

El secretario provincial del PSOE también solicitó a Rouco Varela el cese del sacerdote Miguel Castillejo en la presidencia de Cajasur y la paralización del proceso de renovación de órganos que la caja ha iniciado tras su adscripción a Ley Financiera. "Se les ha ido de las manos, mucha gente de la Iglesia se ha dado cuenta de que hay un grave expolio a la Diputación, a la democracia y a Andalucía", indicó.

Desobediencia

Ruiz Almenara se preguntó que si no hubiera tal pacto, "por qué Castillejo pudo desobedecer al obispo y por qué el PP iba a defender algo que le puede ser molesto en la campaña electoral". Según el responsable del PSOE, la Ley Financiera abrió el camino al Opus Dei en todo el proceso, ya que las enmiendas para "hacer el traje a la medida de Castillejo" fueron introducidas por el portavoz popular de Economía en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, "del Opus Dei", dijo. Ruiz Almenara argumentó que Castillejo ha sido un "instrumento" para la entrada del PP en una caja "más politizada y menos profesional".

Ruiz Almenara vaticinó que Cajasur se llevará su sede a Madrid para tratar de "huir del control" de la Junta, ya que "saben que se deben adaptar a la Ley de Cajas andaluza", aspecto que aún está paralizado por el Tribunal Constitucional.