Ribó dice que l'Entesa tiene la "obligación" de parar la privatización de Ràdio Televisió Valenciana

"Tenemos la obligación de parar el proceso de privatización de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), porque lo consideramos absolutamente ilegal". Así se expresaba ayer el coordinador general de Esquerra Unida y candidato a la presidencia de la Generalitat por l'Entesa, Joan Ribó, al presentar las iniciativas jurídicas que su formación ha puesto en marcha contra el proyecto del Consell del PP de ceder al sector privado la gestión de Canal 9. EU ha presentado a tal fin un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, al que ha solicitado la suspensión cautelar del proceso. El recurso de EU se une a los puestos en marcha por otras organizaciones, como el PSPV y el sindicato UGT. Los sindicatos CC OO y CGT también preparan recursos contra la privatización.

Ribó, que compareció en conferencia de prensa junto con los letrados a los que EU ha encargado el asunto, Enric Bataller y Javier Trives, además de la representante del partido en el consejo de administración de RTVV, Glòria Marcos, señaló que la privatización constituye un "ataque flagrante a un servicio público clave", que, añadió, "se hace con mucha prisa porque igual después del 25 de mayo ya no se puede hacer".

Bataller explicó que desde el punto de vista jurídico el acuerdo del consejo de administración del ente de convocar el concurso para la privatización, así como su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y su ratificación posterior, "vulneran claramente el marco legal vigente". El consejo de RTVV "ha ido en contra de la Generalitat porque se ha atribuido competencias que no tiene", dijo Bataller, quien añadió que "este órgano no puede reformar la legalidad y no puede tomar decisiones que de forma tan directa vulneran lo que se dice en la ley de creación de RTVV y en la que regula los terceros canales. Ésta última establece que las comunidades autónomas pueden asumir las competencias de gestionar entes televisivos, pero siempre partiendo de la base de que la radio y televisión públicas son servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado. Además, precisó el letrado, esa norma indica que la gestión de televisiones públicas que se conceda a las comunidades autónomas "no podrá ser transferida, bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros y corresponde directa e íntegramente el desarrollo, organización, ejecución y emisión del tercer canal a la sociedad anónima constituida al efecto en cada autonomía, que aquí es RTVV, SA".

Por su parte, Glòria Marcos denunció la "vulneración" de toda la normativa en que, a su juicio, ha incurrido el consejo de RTVV a la hora de convocar las últimas oposiciones, proceso que calificó de "escándalo". Entre otras cosas porque, según dijo, se dieron siete días de plazo para presentar las instancias a los aspirantes de promoción interna y diez días a los libres, "cuando cualquier convocatoria de oposición prevé como mínimo un mes para presentar las instancias". Además, denunció irregularidades en la constitución y composición de los diversos tribunales, por lo que ha pedido la suspensión de todo el proceso.