El ministerio apunta que el auto del TSJ puede dañar el Teatro Romano

Técnicos del área de Patrimonio del Ministerio de Cultura consideran que la reversión de la intervención arquitectónica diseñada por Giorgio Grassi y Manuel Portaceli en el Teatro Romano de Sagunto "exige muchísimo más tiempo y estudios para no dañar los elementos que quedan todavía". El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) concedía en un auto a la Generalitat seis meses para ejecutar la sentencia.

El Teatro Romano de Sagunto es propiedad del Ministerio de Cultura, si bien su gestión corre a cargo de la Generalitat. Fuentes del departamento del Gobierno central, consultadas por la agencia Europa Press, subrayaron la "complejidad" de las actuaciones, sustanciadas en el mandato de levantamiento de las placas de mármol que cubren parte del graderío romano y el derribo del muro de cierre del escenario hasta una altura de 1,20 metros, debido a que se debe garantizar la conservación de los elementos patrimoniales. Además, los mismos técnicos ponen de relieve que el estudio de la obra que determine "cómo se tiene que llevar a cabo el desmontaje paso a paso no se ha terminado de redactar".

De hecho, el consejero de Cultura, Manuel Tarancón, anunció el inicio del proceso para la redacción de un proyecto de derribo y su puesta en marcha antes de los seis meses fijados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia. Se tendría que hacer un concurso público y adjudicar posteriormente las obras.

La comisión de expertos que debía determinar la reversión de las obras, así como elaborar un proyecto para hacer utilizable las runias resultantes de la aplicación de la resolución no se ha llegado a poner en marcha, a pesar de que fue anunciada hace un año por la subsecretaria de Cultura, Carmina Nácher.

El propio Manuel Portaceli comentó el pasado jueves, tras conocer el contenido del auto del TSJ, que el plazo dado para la reversión de la obra era insuficnte. Otros arquitectos abundan en la idea de la imposibilidad de cumplir con los términos establecidos.

Ahora los técnicos del ministerio vienen a refrendar estas opiniones. El ministerio siempre se ha mostrado muy cauto a la hora de evaluar la sentencia del TSJ, ratificada por el Supremo, que declara ilegales las obras del Teatro Romano. Las declaraciones realizadas por los técnicos son del mismo tenor que las efectuadas por la ministra, Pilar del Castillo, el pasado mes de octubre en Valencia. Del Castillo manisfetó entonces que "hay una serie de actuaciones que serían una complicación extraordinarias poder acometerlas y por tanto, ahora mismo no se podrían acometer". La ministra añadió que con esa serie de actuaciones, que no especificó, se "podría perjudicar el teatro". "No se puede asumir ninguna reforma que implique riesgos", concluyó.

De forma paralela al transcurso del litigio por el teatro, el ministerio encargó el pasado año a un equipo encabezado, precisamente, por Manuel Portaceli, para la elaboración y consecución de la rehabilitación y restauración de una de las fases de consolidación del Castillo Romano de Sagunto, cuya propiedad y gestión es del ministerio.