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Unidad de acción y autonomía sindical

Pepe Álvarez

La historia reciente del sindicalismo en Cataluña, como en el resto del Estado, ha caminado por la senda de la unidad de acción. Salvo en contadas ocasiones, siempre se ha entendido como un valor estratégico para hacer frente a las amenazas y lograr objetivos. La unidad de acción se ha convertido en el principal factor dinamizador de la actuación sindical, pero también en un arma arrojadiza cuando las discrepancias entre organizaciones se hacían insalvables. Quizá en demasiadas ocasiones se ha invocado esta unidad sin asumir que también es razonable que los sindicatos mantengan posiciones contradictorias. Al fin y al cabo, cuando llegamos a la conclusión de que la unidad de acción incorpora valores positivos en términos de fuerza y representatividad sindical, lo hacemos desde el ejercicio de nuestra soberanía como organizaciones. Llegados a este punto, hay que reconocer que las centrales mayoritarias, sobre todo, debemos rehacer nuestros esquemas de relación mutua para que las colisiones que necesariamente se han de producir no coloquen esta unidad de acción al borde del abismo. Hemos de convenir en un nuevo marco de relaciones que no ahogue las estrategias propias, sin que por ello se ponga en duda nuestra vocación por establecer objetivos comunes y acciones conjuntas. Y debemos hacerlo sin las retóricas sindicales que enfrían a los propios y ahuyentan a extraños. Dejando bien definidos los ejes sobre los que es necesario llegar a acuerdos programáticos y que para la UGT de Catalunña son los siguientes: la actuación en el marco de los movimientos sociales, el ámbito de relaciones con las administraciones públicas, la negociación colectiva y el diseño del modelo político, económico y social para nuestro país. Parece razonable, entonces, que los sindicatos definamos el contenido de las relaciones, así como los márgenes de actuación y las reglas de estilo, al menos sobre estos cuatro espacios.

Los procesos de movilización social que se iniciaron con el rechazo al Plan Hidrológico Nacional en Cataluña y Aragón, siguieron con los que motivó el desastre ecológico y económico que causó el hundimiento del petrolero Prestige y que han culminado con la histórica respuesta popular contra la guerra en Irak han hecho emerger una nueva dinámica de la que no podemos permanecer al margen. Desde luego, nuestro papel como motor de cambio social sigue siendo crucial, aunque la capacidad de autoorganización que ha demostrado la sociedad ha resultado ser notable. Es por esto por lo que los sindicatos debemos involucrarnos plenamente en estas nuevas fórmulas de participación, aportando todo nuestro bagaje y capacidad de acción, pero a la vez despertando todos nuestros recursos para incorporar sus nuevas habilidades para tejer propuestas, organizar la reivindicación y sobre todo trabar la comunicación a través de herramientas tan potentes como Internet. En este marco, los sindicatos debemos caminar junto a los movimientos como la plataforma Aturem la Guerra, aunque a ojos de algunos parezcan más bien efímeros y poco estables. Como debemos hacerlo también en la definición del ámbito de relación con las administraciones públicas. Aquí es fundamental que el diálogo social deje de aparecer como un sistema de refrendo de las políticas sociales y económicas del Gobierno de turno. Este modelo, heredado de los Pactos de la Moncloa, debe abrir paso a otro menos politizado que contribuya a normalizar de una vez por todas las relaciones con la Administración pública, sin que ello suponga que para la opinión pública los sindicatos rompemos con el Gobierno o por el contrario nos plegamos a sus decisiones.

Tan estratégica es la unidad de acción en la llamada concertación social como en la negociación colectiva. Los sindicatos mayoritarios de Cataluña debemos aunar esfuerzos en concretar de una vez por todas el marco catalán de relaciones laborales. Necesitamos encontrar en el proceso de negociación el acomodo a las especificidades que afectan a los trabajadores de Cataluña. El control de la inflación en nuestro país con respecto a la del resto del Estado y su reflejo en el incremento salarial, la consolidación de los mecanismos de inserción laboral a la medida de las necesidades de los trabajadores en paro, la lucha contra la elevadísima tasa de accidentalidad laboral, la conciliación de la vida profesional y la personal, la incorporación plena de las mujeres al mercado de trabajo, conseguir idéntico reconocimiento salarial también para jóvenes y mujeres, la precariedad en los contratos, el incremento del salario mínimo interprofesional, la apuesta por la formación y por la producción con marca de calidad y respeto ambiental son los elementos principales sobre los que debiera existir consenso.

Finalmente, el cuarto eje sobre el que debe pivotar la acción unitaria debe vertebrarse en torno a la definición de nuestro modelo social, económico y político de Cataluña. En este aspecto, la apertura del debate sobre la reforma del Estatut o la aprobación de uno nuevo han puesto a nuestro alcance la oportunidad de intervenir más allá del ámbito sindical tradicional. Debemos implicarnos a fondo en este debate para asegurar que los esquemas que cada formación política se esfuerza en trasladar a la opinión pública adquieran el trasfondo social que esperan los ciudadanos. Tan necesario es conseguir más y mejores cotas de autogobierno como garantizar que el nuevo Estatut responde a las demandas de bienestar social. Debe impregnarse de realidad cotidiana y garantizar los mecanismos básicos para hacer frente a la Cataluña del futuro, la que construiremos desde los valores de la libertad, la solidaridad y la justicia social. En estos cuatro ámbitos es necesario que confluyamos, sin por ello perder la autonomía.

Josep Maria Álvarez es secretario general de UGT en Cataluña.

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