El trasvase del Ebro, conflicto en aumento
El problema que dio origen al conflicto del PHN fue, en su origen, de orden estrictamente técnico: el trasvase del Ebro es un proyecto con muy poca consistencia hidrológica y económica. Ya en el inicio de su tramitación, en el Consejo Nacional del Agua, los científicos y expertos ambientales del Consejo emitieron un voto particular de rechazo, en términos tan duros, que en cualquier otro país europeo hubiera bastado para la retirada del Plan. Después de asegurar que el plan "carece de base científica ambiental", y de denunciar sus análisis hidrológicos como "sesgados e insuficientes", los expertos concluían señalando: "En resumen, consideramos que el PHN, en su forma actual, no logrará el objetivo que persigue, y que además puede suponer un deterioro importante de nuestros ecosistemas".
La opinión de estos expertos fue ratificada en los meses siguientes por centenares de otros especialistas del ámbito universitario o técnico. Sin embargo, el gobierno no modificó sustancialmente el PHN, y forzó su aprobación valiéndose de su mayoría absoluta para rechazar sin debate las más de 400 enmiendas presentadas al proyecto de ley. Es así como España ha llegado a tener, en los albores del siglo XXI, una Ley del Plan Hidrológico Nacional que contempla obras hidráulicas por valor de más de 24.000 millones de euros, incluyendo un gran trasvase y decenas de grandes embalses, pero en cuyo articulado no figura ni una sola vez la expresión "gestión de la demanda", ni las palabras "eficiencia" o "reutilización".
Con tales antecedentes nadie debería extrañarse de las dificultades que ha encontrado el gobierno español en Bruselas para la aceptación del PHN, y en particular del trasvase del Ebro. España pretende obtener una ingente financiación comunitaria para un macroproyecto diametralmente opuesto a la filosofía de la nueva Directiva Marco del Agua. De hecho, el trasvase del Ebro es paradigmático del viejo modelo de los grandes planes de desarrollo hidráulico realizados a costa del presupuesto y de los ecosistemas acuáticos, que proliferaron durante el siglo XX. Ésta es precisamente la clase de política del agua que la Directiva pretende evitar en el futuro.
Por otra parte, el movimiento ecologista internacional está asumiendo el trasvase del Ebro como un conflicto ecológico emblemático en la escena mundial. La señal definitiva ha sido la concesión del Premio Goldman -máximo galardón de la ecología mundial- a Pedro Arrojo, Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y cabeza visible del movimiento contra el trasvase del Ebro. El ecologismo internacional está haciendo ver a la Comisión que la Unión Europea no debe permitir en su territorio macroproyectos de alto impacto ambiental como el trasvase del Ebro, cuyo fin es llevar agua subvencionada a zonas altamente desarrolladas, mientras en Johanesburgo, Kyoto, etc..., pide a los países del sur que ajusten sus políticas de desarrollo a los principios de la sostenibilidad ecológica, asumiendo los costes correspondientes.
Sobre esta base, la defensa del Ebro y el Delta está ganando posiciones en la agenda ecologista global, y todo el mundo -incluyendo por supuesto a la Comisión Europea- sabe que, cuando se activa una campaña de esta clase, se prolonga durante el tiempo necesario, y no ceja hasta que no se abandona el proyecto cuestionado, especialmente si la oposición cuenta con una sólida base social en los territorios afectados, como es el caso en el Ebro. El conflicto suscitado por el PHN se ha ido haciendo bastante más profundo de lo que inicialmente calculó el gobierno español. Y consecuentemente, las posibilidades reales de financiación comunitaria se van esfumando de día en día, a medida que se generaliza el desprestigio del proyecto y crece la polémica internacional en torno al mismo.
El Gobierno Español no está en condiciones de modificar esta situación de modo sustantivo. Ajustar el trasvase del Ebro tanto a la letra como al espíritu de la normativa europea, sencillamente no es posible. Disimular sus efectos con un maquillaje ambiental a gran escala, como ha intentado desesperadamente el gobierno con la asesoría de consultores californianos, ya se ha visto que tendría tales costes, que su inviabilidad económica se haría todavía más palmaria. El proyecto de trasvase sería aún más inasumible para la Comisión, por razones financieras. Y todo posible empeño de mantener el proyecto sin cambios esenciales, confiando en la capacidad de presión política del Gobierno Español en el Consejo de la Unión Europea para lograr su aprobación, sólo conduciría a un enfrentamiento sordo y prolongado con los servicios técnicos de la Comisión, en un ambiente de creciente conflicto ecológico internacional, situaciones ambas de muy escasa utilidad para cualquiera de las dos instituciones.
A estas alturas del conflicto es ya muy evidente que el trasvase del Ebro, lejos de ser una solución para cualquier problema hidrológico español, se ha convertido en el factor que está bloqueando la política del agua en España, y está arruinando las últimas posibilidades de obtener abundante financiación comunitaria, antes de 2006. Por el contrario, el descarte del trasvase, en cualquier modalidad en que esta decisión se pudiera presentar salvando políticamente las formas (revisión técnica, ajuste de prioridades, moratoria...), convertiría en parabienes y facilidades todas las dudas y preocupaciones que viene trasmitiendo la Comisión Europea al Gobierno Español desde la presentación del PHN. Y, por supuesto, abriría generosamente la bolsa comunitaria para los proyectos sustitutivos (gestión, eficiencia, reutilización, desalación), que resolverían los problemas pendientes con mucha mayor rapidez y garantía que el trasvase del Ebro, y a menor coste.
Sin embargo, la gestión del PHN que actualmente realiza el Gobierno Español es mucho más de orden político-electoral que de orden técnico o de defensa del interés general. La cúpula del PP ya sabe que por este camino no resolverá los problemas de agua de la agricultura alicantina y murciana, pero está convencida de que puede rentabilizar políticamente el conflicto territorial suscitado. Arrastrando a la sociedad valenciana y murciana a una guerra del agua, espera aminorar la sangría de votos derivada de sus comportamientos recientes, tanto en el ámbito social y ambiental como, sobre todo, en la política internacional.
Por eso no es fácil vislumbrar el final del conflicto del PHN. A día de hoy, la solución más racional del conflicto para el gobierno español es ya evidente: echar por la borda el trasvase antes de que acabe de hundir el barco de la política estatal del agua, y acto seguido, culpabilizar a la oposición de tan dramática decisión. Pero en la tortuosa historia del PHN la racionalidad ha brillado por su ausencia desde el principio, y no parece probable que aparezca en el acto final.
Antonio Estevan es consultor ambiental y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
