Ayuntamiento y Comunidad recurren ante el Supremo la anulación de parte del Plan General

El Tribunal Superior de Justicia ha anulado 28 desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General de Madrid de 1997 por estar diseñados sobre zonas protegidas. La mayor parte de ellos ya están construidos o existen derechos urbanísticos consolidados. Pero no son todos. Según los cálculos del PSOE, hay 130.000 viviendas -que aún no han sido levantadas- y, por tanto, están plenamente afectadas por la sentencia. El gobierno municipal, que ha recurrido el fallo, intentará consolidar en el próximo pleno derechos urbanísticos sobre zonas afectadas para poder así edificar.

El gobierno del PP en la Casa de la Villa, presidido por José María Álvarez del Manzano, aprovechó el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 1997, para ampliar al máximo el desarrollo urbano de la capital. Una medida que suponía la construcción de 300.000 viviendas en un plazo de 15 a 20 años. Para ello, se recalificaron terrenos de uso agrícola o considerados de especial protección por sus características medioambientales en el Plan General de 1985, cuando el Ayuntamiento estaba en manos del grupo socialista. Entre las zonas afectadas estaban la Cañada Real de las Merinas, donde está previsto el mayor de los crecimientos de la capital, con 125.000 viviendas nuevas en los llamados Desarrollos del Este.

El ex alcalde y portavoz municipal de ese grupo en 1997, Juan Barranco, presentó por ello un recurso que ha sido fallado favorablemente por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia. La sentencia, firmada el pasado 27 de febrero, frena "radicalmente ese diseño de una ciudad saturada y colmatada de edificios y convierte, de hecho, en papel mojado gran parte del Plan General", según Matilde Fernández, actual portavoz del grupo socialista.

El tribunal ha tenido en cuenta los informes emitidos en su momento por la Consejería de Medio Ambiente y declara anulada la "desclasificación de los terrenos considerados en 1985 como suelo no urbanizable de espacial protección". Se trata en total de 28 terrenos recalificados en zonas tan sensibles como las lindes del monte de El Pardo, los terrenos militares de Campamento y Valdebebas. El problema para aplicar la sentencia y anular la recalificación de esos terrenos consiste en que algunos de ellos, como Montecarmelo, que estaba protegido en un 80%, ya está urbanizado y hay pisos inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre de particulares.

Rediseñar

Hay, por tanto, derechos jurídicos consolidados. Pero otros ámbitos habría que rediseñar- los, como es el caso de la llamada Operación Campamento, Valdebebas (con el 85% de la superficie afectada) y la Estrategia del Sureste (donde están incluidos Los Cerros, Los Berrocales, Ahijones, La Atalayuela y Valdecarros). En conjunto, la sentencia afecta a 130.000 viviendas, según un informe del PSOE. El edil de Urbanismo, Ignacio del Río, eludió ayer concretar una cifra, pero apuntó que sólo en los desarrollos del este están previstas 125.000 casas. La inquietud por las consecuencias de la sentencia ha llegado incluso a los bancos y entidades financieras, que han empezado a pedir informes sobre el efecto que puede tener financiar una operación sobre un suelo sobre el que pesa una sentencia desfavorable, según fuentes de Urbanismo.

Al tiempo, el gobierno municipal y el Ejecutivo regional, a través de la Consejería de Obras y Urbanismo, han presentado sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo. Ese recurso se basa en que los criterios de valoración de los terrenos se han modificado tras la Ley del Suelo del Estado, aprobada en 1998, y la de la Comunidad, de 2002, según Íñigo Sáez de Pipaón, director general de Urbanismo. La puesta en marcha de ese recurso le evita "al PP asumir de manera inmediata el coste político que tiene la ejecución de la sentencia", señala Matilde Fernández.

Pero simultáneamente, Del Río intenta ganar tiempo para hacer realidad el Plan General. "Hemos puesto en marcha los procesos necesarios para dar seguridad jurídica a todos los afectados", afirmó Del Río

El edil, en concreto, se refiere a que el próximo pleno aprobará provisionalmente el plan de sectorización de Valdebebas, donde están previstas 11.500 viviendas, la Ciudad Aeroportuaría y la nueva Ciudad Deportiva del Real Madrid. "Consolidar derechos en la actual situación es un error desde el punto de vista político, porque puede derivar en que el Ayuntamiento tenga que abonar indemnizaciones millonarias. Pero además, Del Río, al no acatar la sentencia puede incurrir en prevaricación", concluye Fernández.