El Parlamento aprueba la ley del transporte metropolitano y la de protección de animales

La incomparecencia de IU en un debate obliga a suspender el pleno antes de tiempo

El Parlamento de Andalucía sacó ayer adelante la ley que regula los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía, una de las 13 leyes anunciadas por Manuel Chaves en su investidura como presidente al inicio de la legislatura. La norma, en su votación final, contó tan sólo con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno (socialista y andalucista), la abstención de IU y mixto, y el voto en contra del PP. En una sesión puramente legislativa, el pleno dio luz verde a la tramitación de la ley de Protección de Animales que superó el debate a la totalidad sin enmiendas en contra.

En el penúltimo pleno antes de las elecciones municipales, el Parlamento dio ayer un empujón legislativo a un paquete de cuatro proyectos y proposiciones de ley que corrieron distinta suerte. Pese al maratón, los debates, que empezaron a las 16.30, acabaron a las 20.19 horas, 30 minutos antes de que diera comienzo el partido televisado Manchester-Real Madrid. El pleno terminó antes de tiempo, pero no por las prisas de los diputados, sino por incomparecencia de IU a la hora de subir a la tribuna a defender una moción sobre personas discapacitadas. El diputado proponente, José Cabreros, se demoró y como ninguno de sus otros cinco compañeros se encontraba en el pleno la iniciativa decayó. No era el mejor de día de IU, después de las desabridas opiniones que 24 horas antes había vertido su ex líder Luis Carlos Rejón.

La iniciativa más destacada de las aprobadas es la que ordena los transportes urbanos y metropolitanos, por la que sea crea un ente público de gestión de los ferrocarriles andaluces -servicios regionales y los metros de Sevilla, Málaga, Granada y Bahía de Cádiz-. Ninguna de la treintena de enmiendas que PP e IU mantuvieron vivas al pleno prosperó, lo que fue objeto de críticas por parte de sus portavoces sobre el supuesto consenso que ha guiado al Gobierno al elaborar el proyecto.

Únicamente el PP votó en contra de la ley que, a juicio de su portavoz, Juan Ramón Casero, "choca con las corporaciones locales, al usurparles capacidad jurídica y política". La norma elaborada por la Consejería de Obras Públicas ciñe las competencias de los municipios a la gestión de los servicios exclusivamente urbanos y a la Junta, la coordinación en los ámbitos entre localidades y metropolitanos.

La ley de protección de los animales también superó su primer trámite parlamentario sin que ningún grupo presentaran enmiendas a la totalidad. En su defensa, el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, que se remontó a la época glaciar y dató la existencia del primer perro doméstico a 12.000 años, aseguró que el proyecto no sólo garantiza el bienestar de los animales de compañía, sino también los derechos de los que no son propietarios. Según sus datos, en Andalucía hay un millón de mascotas (perros y gatos) de los que sólo 300.000 están censados.

La ley, que contó con el apoyo del resto de los grupos que, sin embargo, criticaron su "falta de ambición", "redacción generalista" y "ambigüedad", prohíbe el maltrato -la mutilación con fines estéticos recibe la máxima sanción (30.000 euros)-, el uso en espectáculos cruentos y la venta callejera de animales.

En el pleno, el PP vio una vez más como su borrador de ley de Universidades era tumbado por la mayoría parlamentaria, como el resto de las iniciativas legislativas presentadas por los populares en lo que va de legislatura.

La propuesta del PP, defendida por Rafael Salas, proponía incrementar la financiación a las universidades hasta llegar al 1,5% del PIB andaluz (1.109 millones de euros) en 2006 y la creación de un sistema de becas y ayudas de estudios dotado con 30 millones de euros. La proposición no de ley, que contó con el criterio contrario del Gobierno, fue calificada por todos los grupos de "oportunista", ya que el Ejecutivo autonómico ha puesto a rodar su propio proyecto. Para el socialista Luis Ángel Hierro la iniciativa del PP demuestra que este grupo mantiene una actitud propia de "salteadores de caminos políticos" y "retrotrae" a la universidad a la etapa "predemocrática".

Distinta suerte tuvo la proposición del grupo socialista para modificar la ley de prevención y asistencia en materia de droga, que fue aprobada por todos los grupos excepto el popular. La reforma legislativa, defendida por la socialista Aurora Atoche, actualiza el régimen sancionador previsto y prohíbe no sólo la venta sino el consumo de alcohol a menores de 18 años y hace responsables a los propietarios de los establecimientos del consumo y venta de alcohol.

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