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Tribuna:GESTIÓN EMPRESARIAL

El buen gobierno de la empresa española

Los autores sostienen que, para una buena gestión, además de las reglas, son necesarias la competencia y la ética

La necesidad de buen gobierno en las empresas está fuera de toda duda. El problema consiste en describir qué es "buen gobierno". Y claro, buen gobierno es "gobierno bueno", es decir, gobierno que resulta eficiente y eficaz, y gobierno que respeta los derechos legítimos de los actores implicados: clientes, proveedores, personal, accionistas, etcétera (stakeholders).

Naturalmente, esto comporta exigencias económicas y éticas. Rentabilidad, estabilidad a largo plazo y retribución adecuada a los factores de producción, pueden ser algunos de los factores económicos. Lealtad a los accionistas, empleados, clientes y proveedores, cuidado del entorno de la empresa, así como veracidad en la información y respeto a los pactos y a los valores entendidos generalmente por la sociedad, son parte de las exigencias éticas en juego.

El compromiso de buen gobierno, si se traslada a las empresas que cotizan en Bolsa, aporta garantías adicionales

Este compromiso de buen gobierno de la empresa, si se traslada a las empresas que cotizan en bolsa, aporta garantías adicionales para el inversor (de buena gestión y de buena información), para el entrepreneur (porque incrementa la financiación disponible en la empresa y las oportunidades de futuro) y acentúa las ventajas de los restantes implicados en los resultados de la gestión.

Pero, la bondad del propósito y el interés de su impulso deben moderarse por la realidad de las empresas española. Su dimensión, predominantemente pequeña; su estructura de capital, básicamente familiar; su modelo de gestión personalista e intuitivo, y la falta de tradición en la transparencia informativa, condicionan el alcance del objetivo. Añádese a ello que las compañías cotizadas no son ni el uno por mil de las empresas industriales y que resultan, además, una muestra no representativa -por dimensión y complejidad- de la realidad española.

De todo lo anterior, parece deducirse la necesidad de progresar en la consecución del buen gobierno de las empresas, especialmente de las que concurren a la bolsa, pero con criterio: atendiendo a la capacidad de las empresas, a la estructura de su capital, a la dimensión y a los intereses comprometidos.

A la profundización en el buen gobierno se han apuntado informes de expertos, propuestas de códigos éticos y disposiciones legales. Nuestros ejemplos estatales más recientes son el Informe Aldama y la nueva Ley de Reforma del Sistema Financiero, después del conocido Informe Olivencia.

¿Qué cuestiones plantean estas reposadas reflexiones y los informes y códigos en que se materializan? Teóricamente, conseguir que las empresas sean bien gestionadas, obtengan buenos resultados (que nunca pueden ser garantizados), e informen bien a los colectivos vinculados por sus intereses en las mismas. Pero eso pasa por inducir una transformación de la realidad nada fácil, una transformación -si quiere ser realista y eficaz- que plantea el respeto a un conjunto de principios; entre los cuales pueden enumerarse:

- El de "ambición y prudencia", que permite perseguir un progreso importante de forma paulatina para que la precipitación no origine un fracaso.

- El de "autorregulación", que espera más de la conciencia profesional y ética de los gestores que de la imposición.

- El de "obligatoriedad restringida" -consecuencia del anterior-, que opta por regular lo menos posible para no encorsetar a las empresas.

- El de "obligatoriedad segmentada", que entiende que no puede exigirse lo mismo a todas las empresas y al mismo tiempo.

El Informe Aldama se muestra insatisfecho con el escaso cumplimiento de su predecesor (Informe Olivencia), pero no hace un buen análisis de este fenómeno, y, como consecuencia, reincide en los defectos del primero. Se vuelve exigente con las empresas cotizadas y el resto de actores pero elude un análisis riguroso de lo acontecido.

- ¿Ha habido una resistencia rebelde al buen gobierno o se ha reaccionado defensivamente a su imposición?

- ¿Eluden los gestores su responsabilidad o es insuficiente el tiempo transcurrido para un cambio tan profundo?

- ¿Muestran desinterés por adquirir compromisos públicos o es que resulta muy difícil asumir reglas a las que se ha hurtado un debate suficientemente participativo?

- ¿Los gestores desconfían de los controladores y les ocultan información clave o están perplejos porque la "autorregulación" se vuelve exigencia perentoria, tergiversando así el sentido de las propuestas de partida?

Quienes llevamos tiempo asumiendo funciones de gestión en la empresas -más si son emisoras- estamos absolutamente convencidos del interés de profundizar y extender el buen gobierno de las mismas. Pero sabemos que un "buen gobierno" no es sólo reglas, sino "ética más competencia", en proporciones iguales. Y distinguimos lo que el consenso social (tras un riguroso debate público) debe exigirnos y lo que la ley puede imponernos, convencidos de que no es exactamente lo mismo.

Somos también conscientes de que se trata de un propósito que no podemos abordar solos, del que no podemos excluir a los expertos, los legisladores, los magistrados, la CNMV, los accionistas, consejeros, ejecutivos y empleados y en el que tienen mucho que decir proveedores, clientes y la sociedad en su conjunto.

Pero queremos progresar en el objetivo de manera firme y sólida. Y eso exige más debate -con más participación del conjunto de actores-, un cierto consenso básico, una aplicación progresiva, gradual y matizada de sus conclusiones; información permanente del avance del proceso, sus dificultades y sus éxitos, y un continuo ajuste a la realidad de los criterios decantados. Desgraciadamente -creemos- en España, una vez más, hemos comenzado la casa por el tejado.

Agnes Noguera es secretario de Libertas 7, Carlos Turró es presidente de Cleop, y José María Gil es economista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de abril de 2003