El TSJA suspende cinco nuevas licencias de obras en Marbella

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un paquete de resoluciones instando la suspensión con carácter provisionalísimo de cinco licencias de obras concedidas por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella, del Grupo Independiente Liberal (GIL).

Las licencias, aprobadas en comisiones de gobierno celebradas los días 13 y 27 de noviembre, autorizaban el inicio de las obras de cinco promociones inmobiliarias que sumaban en total 463 viviendas. Las empresas beneficiarias eran Inmobiliaria Osuna, Inmobiliaria Turpiana, Prasa, Millenium Properties y Artex Inmobiliaria S. L. Los permisos habían sido concedidos con arreglo al PGOU del GIL, cuyo último intento de aprobación fue declarado nulo de pleno derecho por el TSJA el 13 de marzo pasado.

El PSOE de Marbella había presentado un recurso administrativo contra la concesión de las licencias ante el Ayuntamiento el 27 de enero de 2003. Ante la falta de respuesta del consistorio, los socialistas recurrieron ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal andaluz, que decide la paralización inmediata de las obras -todas en fase inicial- hasta la celebración, el próximo 24 de junio, de una vista tras la cual el tribunal podrá confirmar o revocar su decisión.

El TSJA respalda su resolución en varios argumentos jurídicos. El más decisivo es su sentencia de 13 de marzo por la que declara nulo de pleno derecho el pleno municipal del 4 de diciembre de 2000 en el que el Grupo Independiente Liberal aprobó su revisión del PGOU. Anulada esta revisión, el tribunal estima que las licencias de obras deben ajustarse al plan de 1986.

Daños para el promotor

Pero la decisión de anular la licencia también se fundamenta en el daño económico y de imagen que puede ocasionar al promotor la paralización de la obra en una fase más avanzada, así como la imposibilidad de restaurar un terreno y devolverlo a su estado original una vez iniciados los trabajos.

La portavoz socialista de Marbella, Isabel García Marcos, se felicitó ayer por la decisión de la sala. "Hemos pasado 12 años de inseguridad jurídica, con constantes peloteos entre la jurisdicción contencioso administrativa y la penal sin que nadie actuase contra estas ilegalidades, pero ahora el TSJA tiene un criterio claro que le permite actuar eficazmente", dijo.

García Marcos criticó la "falta de respeto por la legalidad del equipo de gobierno de Marbella, que lleva a la inseguridad jurídica y a una situación de caos en la que resultan perjudicados los promotores, los trabajadores y las personas que compran sobre plano para encontrarse después de pagar la entrada de una casa que no tienen nada". "En ese sentido", añadió, "hay que llamar a la responsabilidad a los promotores, que conocen bien la ley".