El concejal de Urbanismo en Castellón es administrador de una asesoría urbanística

El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Castellón, Alberto Fabra, es administrador solidario de la empresa Territorio y Urbanismo SL, que se dedica a la gestión de programas para el desarrollo urbanístico del suelo. Esta empresa se constituyó cuando Fabra ya ocupaba su actual cargo. La participación del concejal en Territorio y Urbanismo SL se conoció durante su comparecencia ante el juez que instruye la querella contra el alcalde de Castellón, el propio Fabra y la empresa Calviga por un presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación y falsificación.

El responsable del urbanismo castellonense negó ayer ante el titular del juzgado número 1 de Castellón, el decano Horacio Badenes, haber tenido algún tipo de relación laboral con empresas del grupo Lubasa, de la que Calviga es una filial, aunque no pudo decir lo mismo respecto de sus dos socios en Territorio y Urbanismo, SL; dos aparejadores de los que dijo no conocer si "han realizado trabajos a nivel particular para dicha empresa".

Fabra tiene en el Ayuntamiento una dedicación del 75%, por lo que cualquier trabajo al margen de su cargo no es, a priori, incompatible. Sin embargo, según el portavoz adjunto del grupo socialista, Miguel Alcalde, "hay que comprobar para quién ha trabajado y qué actividad ha realizado para hacer una valoración completa". "Consideramos", añadió "que, si ha trabajado en algún proyecto de la capital de La Plana, moralmente, sí es incompatible".

Territorio y Urbanismo, SL fue creada en enero de 2001 por el propio Fabra, cuando ya era responsable de urbanismo, y por dos aparejadores más, con un capital social de 360.000 euros. Los socialistas pedirán por escrito que el concejal del PP presente la contabilidad de su empresa ante el juez. Según fuentes del caso, Fabra negó, en un primer momento, formar parte de ninguna sociedad, aunque finalmente lo reconoció y aseguró que la empresa "no ha tenido ninguna actividad", aunque oficialmente está en activo.

Alberto Fabra acudió ayer al juzgado para aclarar las contradicciones entre sus declaraciones y las recogidas en un acta del consejo de participación ciudadana que desvela que negoció las condiciones de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. El acta está fechada en junio de 2000 y habla de la negociación que el ayuntamiento mantenía con representantes del centro comercial, que precisaba unas condiciones de volumetría que, un año después, coincidieron con las plasmadas en la modificación del PGOU.

El desarrollo de la zona se adjudicó a Calviga, filial de Lubasa, a cambio de un solar que la constructora venderá a El Corte Inglés para el centro comercial.

El responsable de urbanismo, ante la solicitud del juez de aclarar dichas contradicciones, alegó la existencia de "errores" en el documento oficial. Según mantuvo, el acta responde a una "síntesis excesiva" de una reunión que duró una hora y media y "basarse en la literalidad de la misma puede llevar a conclusiones erróneas". Según Fabra, que compareció ante el magistrado por segunda vez en calidad de imputado, "las manifestaciones que en ella se recogen no se corresponden con la realidad". "Sí que es cierta la filosofía general, pero hay que hacer matizaciones", dijo. Los socialistas contestaron que el acta se firmó por el presidente y el secretario, y se aprobó por todos los asistentes, incluidos los representantes del PP. Alberto Fabra sostuvo que la modificación del PGOU no se delimitó según las exigencias de El Corte Inglés.

El director de expansión de El Corte Inglés, Carlos Muñoz de Rogli, admitió ayer la existencia de "contactos", aunque no "negociaciones".