El puerto deportivo de Alicante retoma las obras tras ganar 10 sentencias en un pleito de 22 años

Los tribunales -el Supremo, la Audiencia Nacional y el Superior de Justicia valenciano- han quitado la razón en 10 ocasiones al Gobierno, al Consell y al Ayuntamiento de Alicante en sus intentos de impedir que en la Albufereta alicantina se construya un puerto deportivo. Este mes de abril, 22 años después de que obtuviera la concesión del Consejo de Ministros para la construcción y explotación del puerto, su promotor, Juan Ignacio Otamendi, ha anunciado que retoma las obras. Ya no caben recursos ni dilaciones. El empresario, agotado, reclama indemnizaciones.

Una sentencia cada dos años. Y así desde hace 22. Juan Ignacio Otamendi rehusa dar explicaciones públicas tras ganar la última batalla legal en el Tribunal Supremo. Está cansado, pero gente de su entorno asegura que aún le restan fuerzas para materializar el proyecto de su vida: un gran puerto deportivo en la Albuereta, sobre un suelo ganado al mar.

Desde que en abril de 1981 se pararon por primera vez las obras -después de haberse enterrado 64.000 metros cuadrados de mar y de construirse los diques principales del puerto-, hasta hoy, se han sucedido varios gobiernos autonómicos y locales. Fueron los socialistas, de acuerdo con el movimiento vecinal, los más beligerantes con la construcción el puerto. Con argumentos legales que han ido tumbado los tribunales, el Consell y el Ayuntamiento fueron sucesivamnete bloqueando el proyecto; como sorteando obstáculos y ganando tiempo en una carrera que muchos políticos consideraban perdida de antemano. Todo valió menos la impopularidad.

"(...) Tenga por expresada la intención de la concesionaria de reanudar las obras de construcción del puerto deportivo a partir del estado en que quedaron cuando las suspendió el Consell en 1991". Con este escrito, el abogado de la empresa de Otamendi ha comunicado ahora al director general de Obras Públicas de la Generalitat que retoma el proyecto.

El letrado de la promotora de Puertoamor declara: "En este momento, la continuación de las obras para la construcción del puerto es una situación irreversible". Y luego deja claro que quienes han estado bloqueado "arbitrariamente" el proyecto no deben irse de rositas. Ya en su día, la concesionaria estimó en unos 30 millones de euros los daños y perjuicios que le ha ocasionado la Admnistración por pararle las obras reiteradamente.

Todo comenzó en octubre de 1979, cuando el Consejo de Ministros otorgó concesión en favor de Puerto Deportivo de Alicante, SA, para la construcción y explotación del Puerto Deportivo de la Albufereta. Poco después, el entonces MOPU` autorizó el inicio de las obras. Pero el alcalde de Alicante, José Luis Lassaletta, se había opuesto en la campaña electoral a la construcción de este puerto. Las obras se pararon por primera vez en abril de 1981, cuando ya se había iniciado el arranque de los diques principales y se había ganado terrenos al mar en una superficir de 64.000 metros cuadrados.

Ese fue el inicio de una de las batallas legales más importantes libradas en la ciudad de Alicante, en la que hubo hasta curiosidades como esta: una vez transferidas las competencias portuarias a la Generalitat, ésta llegó a requerir a la concesionaria para la inmediata reanudación de las obras con el apercibimiento de que en caso contrario incoaría expediente de caducidad. Poco duró esa afinidad entre el Consell y la promotora del puerto. Otamendi se dispuso a retomar los trabajos en diciembre de 1991, con el socialista Ángel Luna en la alcaldía.

Pero los vecinos se echaron encima, comprometieron al alcalde e incluso formaron escudos humanos para impedir el avance de la maquinaria. Las fotografías de vecinos parando las excavadoras fueron portadas de los diarios. Otra vez parón, otra vez recurso de la Administración y otra vez resolución favorable de los tribunales a la promotora de Puertoamor. Y así hasta en 11 ocasiones. Hasta ahora, en la que la concesioria declara: "Tras litigios de han durado más de 22 años, la concesionaria ha obtenido la plena satisfacción por parte de los tribunales, de su derecho a la construcción y explotación del puerto deportivo, y por tanto está en condiciones de comunicar a la Administración autonómica y local su intención de reanudar las obras de construcción del puerto deportivo".