El Gobierno central aprueba la renta agraria sin aceptar las alegaciones sindicales y de la Junta

El Consejo de Ministros aprobó ayer la norma que regula la renta agraria, la nueva prestación para los jornaleros andaluces y extremeños con cuyo anuncio se cerró en enero el último asunto pendiente del pulso que mantuvieron el año pasado el Gobierno y los sindicatos a raíz de la publicación del decretazo. CC OO y UGT decidieron entonces abandonar las movilizaciones, aunque plantearon modificaciones contundentes al proyecto, exigencias que también fueron suscritas y enviadas por la Junta de Andalucía. El Ministerio de Trabajo ha mantenido su propuesta original sin aceptar las alegaciones.

El decretazo, que suponía una profunda reforma del sistema de protección por desempleo, también afectó al subsidio agrario, la prestación que, con pequeños cambios, cobran desde 1985 los jornaleros andaluces y extremeños (unos 365.000 de media). El decretazo cerraba este sistema a los jornaleros que lo hubiesen percibido en alguno de los tres últimos años. Para los que se quedaran fuera, el Gobierno central planteó un sistema de protección, similar al del régimen general (un mínimo de tres meses de prestación si se acumulan 360 días cotizados), que los sindicatos rechazaron por inaplicable, dadas las limitadas posibilidades de empleo en el campo andaluz y extremeño.

La presión sindical llevó al Gobierno a atender varias de las exigencias sindicales sobre el decretazo en noviembre pasado, pero no la que hacía referencia al subsdio agrario. Tras nuevas manifestaciones en Andalucía y Extremadura y la amenaza de una huelga en el medio rural, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, presentó la renta agraria, una nueva prestación diseñada para los jornaleros que se quedaron sin acceso al subsidio tras el decretazo. CC OO y UGT aceptaron, aunque con serios reparos: tanto los sindicatos como los Ejecutivos andaluz y extremeño plantearon cambios, vía alegaciones al proyecto de decreto, a los que Zaplana auguró pocas posibilidades. Ahora, el ministro ha hecho buenos sus propios augurios.

La renta agraria garantiza la misma prestación (el 75% del salario mínimo durante seis meses) por las mismas condiciones (35 peonadas) que el subsidio. E incluso permite elevar (hasta el 100% del salario mínimo si se presentaban más peonadas (180). También asegura su carácter contributivo (genera derecho de pensión), como exigían los sindicatos, y prevé el diseño de planes personalizados que dan prioridad a los jornaleros en cursos de formación y talleres de empleo.

Pero, además, el decreto aprobado ayer endurece el acceso a la prestación, al exigir diez años de empadronamiento en Andalucía o Extremadura a los jornaleros, lo que, según los sindicatos, es inconstitucional y conculca la Ley de Extranjería al suponer una "discriminación indirecta" para el colectivo de inmigrantes que trabajan en el campo. UGT y CC OO también pidieron que el decreto no limitara a seis ocasiones el cobro del subsidio o que se incluyeran los jornales del Plan de Empleo Rural (obras públicas en las que los municipios contratan a jornaleros) para el recuento de peonadas, cuestiones todas ellas que el Ministerio no ha admitido. En sus alegaciones, la Junta recogió estos asuntos e hizo hincapié en otros, como la posible "discriminación de género" por pedir un mínimo de cotización previa en el régimen especial agrario (entre cinco y ventie años) a los mayores de 45 años, un requisito imposible de cumplir para muchas jornaleras.

Inconstitucionalidad

El Ejecutivo andaluz también reflejaba una posible vulneración de la "distribución competencial" al no atribuir la gestión de los planes de empleo previstos para los perceptores de la renta agraria al Ejecutivo andaluz. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, indicó en febrero que la Administración autonómica estudiaría plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional si las alegaciones no eran aceptadas. Ayer, el portavoz de IU en el Parlamento andaluz, Antonio Romero, anunció que su grupo va a solicitar la celebración de un Pleno extraordinario para debatir la posibilidad de que la Cámara recurra y de instar a la Junta a que siga la misma línea.

Las direcciones regionales de CC OO y UGT esperarán a conocer el contenido íntegro del decreto para solicitar la misma medida al Parlamento y la Junta de Andalucía.