De una buhardilla

Le escribo para contar y prevenir a otros ciudadanos lo que me ha sucedido.

Hace un año entré en una sucursal de Latina para interesarme por una buhardilla que vi anunciada en su escaparate. La visité y me gustó y me pidieron 100.000 pesetas para reservarla y que no se la pudieran enseñar a nadie más. Hablaron con la propietaria, y al estar de acuerdo, me piden 1.300.000 pesetas como señal, yo suponía que en concepto de arras para apalabrar la compraventa y que no se pudiera retirar de la operación. Para poder desembolsar esta cantidad de golpe solicito un crédito-puente.

Me citaron el 3 de enero en la notaría y, ¡sorpresa!, la propietaria, con la que yo no tuve ningún contacto, no se presenta.Se señala nueva fecha para el otorgamiento de escritura pública ante el mismo notario, y la propietaria ¡tampoco se presenta! Entonces reclamo la cantidad pagada como decía en el contrato que me hicieron firmar: "En caso de que los actuales propietarios de la finca señalada no aceptasen estas condiciones de compraventa, don Francisco José de Blas Lana recuperaría la cantidad de 1.400.000 pesetas (un millón cuatrocientas mil pesetas), que son las mismas que en este acto se depositan".

Ellos me ofrecieron un millón de pesetas porque las 400.000 se las habían dado a la vendedora en concepto de pago inicial de la futura compraventa que se realizaría antes del 1 de enero de 2002 (conmigo pactaron que sería antes del 14 de enero de 2002).

A la vista de todo esto, pongo una denuncia en Consumo, por lo visto una más contra esta empresa, y otra en el Juzgado de Primera Instancia para recuperar mi dinero.

Después de un año y dos meses de pleito, donde se ven las diferencias de precio acordadas con cada una de las partes, sigo sin haber recuperado mi dinero y sin buhardilla y me encuentro con una serie de trastornos económicos y personales a raíz de las operaciones de esta empresa.

El juez ha dictado sentencia y encima me condena en costas, teniendo que pagar al abogado de esta empresa la cantidad de ¡280.000 pesetas!, todo ello porque lo que me hicieron firmar no era un contrato de compraventa, sino uno de mandato de compra y provisión de fondos, ¡ojo!

Aquí está la trampa donde hacen caer a cualquier persona de la calle que no sea entendida en derecho, porque de esta forma se eximen de toda responsabilidad y como no son agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados, sino que actúan como particulares sin control por parte de ningún colegio profesional, se aprovechan de todas estas circunstancias y de la buena fe y desconocimiento del ciudadano para enriquecerse a nuestra costa.

Por supuesto, he recurrido la sentencia, lo que supondrá por lo menos un año hasta que se dicte una nueva, y mientras tendré que seguir soportando el pago del crédito-puente y todos los trastrornos que estos sinvergüenzas me están causando.