Redada castrista

Fidel Castro mantiene encarcelados desde hace dos semanas a unos 80 opositores a la dictadura, periodistas independientes y activistas de derechos humanos, a los que acusa, todavía no formalmente, de intrigar con Estados Unidos. El Gobierno cubano, que inició la aparatosa redada coincidiendo con el comienzo de la guerra en Irak, sostiene que los detenidos están vinculados a actividades conspirativas del jefe de la sección de intereses de Washington en La Habana, James Cason. Si se les aplica la ley mordaza de 1999 pueden ser condenados hasta a 20 años de cárcel.

Desde su llegada a la isla en septiembre pasado, Cason mantiene abierta su oficina a la oposición y ha asistido a reuniones en diferentes partes del país. Castro le acusa de organizar y financiar la disidencia y ha amenazado con cerrar la misión de EE UU, pero por el momento se contenta con restringir los desplazamientos de sus miembros. La redada castrista, la más seria en la última década, forma parte de la escenificación de la ira del dictador cubano en tiempos económicamente malos, y en el momento en que crece en la isla la expectación y el debate sobre el inevitable cambio político. El puñado de disidentes que hace años recibía un trato casi folclórico es ahora un movimiento organizado de miles de personas que exigen el final de la dictadura. A los opositores cubanos no les ayuda precisamente el pésimo momento de las relaciones entre La Habana y Washington, agravadas estos días por el secuestro de dos aviones -el segundo ayer mismo-, cuyos autores han conseguido tras diversas vicisitudes aterrizar en Florida.

La Habana conoce por igual lo indefendible de sus argumentos y la repercusión internacional de sus medidas represivas, condenadas ya por la OEA, la Unión Europea, el Departamento de Estado y cualificadas organizaciones pro derechos humanos. La oleada represiva lanzada por un oportunista tan consumado como Castro tiene mucho que ver con la coyuntura internacional. Sabe el dictador que todos los ojos están girados hacia Oriente Próximo y quiere aprovecharlo para sacar tajada política sobre la indefensa oposición.

Si el Gobierno cubano entiende que el encargado estadounidense viola sus leyes, puede expulsarlo del país. Tratar de castigarle sobre las espaldas de quienes legítimamente pretenden la apertura de un proceso democrático revela a la vez su debilidad y su desprecio total por los derechos humanos.