El juez da siete días a los 'okupas' de El Laboratorio para irse

Los okupas de El Laboratorio tienen una semana para abandonar la antigua imprenta Samarán, en Amparo, 103 (Centro), donde llevan un año organizando actividades. Así lo ha decidido el Juzgado de Instrucción número 11. La juez estima que los okupas perjudican a los dueños del inmueble, porque impiden "demoler la finca y construir un nuevo edificio". Si no se van voluntariamente, les echará una comisión judicial con la policía.

"No nos vamos a marchar porque no tenemos dónde ir; y, además, este edificio, que permaneció años vacío, es un caso claro de especulación", asegura Carlos, uno de los portavoces de los okupas, y añade que no hay ninguna negociación con las instituciones para buscar ubicaciones alternativas. "La única que ha venido a conocer lo que hacemos es la consejera de las Artes, Alicia Moreno", matiza.

Los okupas han pedido al juez que aclare a quién hay que desalojar, ya que sólo 16 de ellos están imputados por haber entrado a este edificio privado. Y también van a recurrir el auto judicial, lo que puede retrasar su expulsión.

La orden de desalojo llega cuando El Laboratorio bulle de actividades. Así, hasta el 30 de marzo, en este centro okupado y en La Casa Encendida de Caja Madrid, se celebran unas Jornadas sobre propiedad intelectual, con talleres y conferencias. Asimismo, del 4 al 6 de abril participarán en las jornadas Barrios creando barrios, con acciones teatrales, artísticas y reivindicativas en Lavapiés, Retiro, La Estrella, Alto del Arenal y Lucero. Disponen también de un Centro de Medios Independiente, que ofrece información alternativa y coordina acciones contra la contienda de Irak.

Este mismo juzgado ya ordenó la expulsión de los okupas en junio de 2002 "para ejecutar unas obras obligadas por el Ayuntamiento para la seguridad del edificio". Pero dio marcha atrás al comprobar que las reformas estaban hechas. También tuvo en cuenta las actividades sociales y culturales que se organizan en el inmueble. Los dueños volvieron a pedir la expulsión y el juez la denegó de nuevo por considerar que era un asunto ya resuelto. Pero ahora, tras recurrir los propietarios a la Audiencia Provincial, el juzgado les ha dado la razón.

Felipe Samarán, representante de la familia dueña, defiende su "derecho legítimo" a utilizar el edificio en beneficio propio y asegura que no se trata de un caso de especulación. Desde que su abuelo murió, y con él su negocio de imprenta, en 1982, transcurrieron 16 años hasta que sus herederos iniciaron los trámites para convertir la finca en un edificio de viviendas. Samarán justifica así este tiempo: "Primero hubo problemas con la herencia, porque había cuatro personas que tenían que ponerse de acuerdo. Después hubo que pensar qué utilidad se le daba a este terreno, y finalmente decidimos levantar viviendas convencionales y un bajo comercial. Pero durante ese periodo siempre ha estado habitado por un guardés y su esposa. También estuvo allí mi estudio de arquitectura y diversos enseres personales".

Los okupas se frotan los ojos cuando escuchan esto. "No se necesitan 16 años para arreglar los asuntos de una herencia y decidir qué se construye. Si pasó tanto tiempo, sólo fue porque esperaron a que se revalorizase", apunta Luis, uno de los miembros de El Laboratorio.