El Gobierno de CiU censuró la mitad de las respuestas del primer sondeo de Mas

La primera encuesta oficial que el hoy conseller en cap, Artur Mas, presentó públicamente, en agosto de 2000, llegó al Parlament y a la opinión pública en una versión minimalista. El Gobierno de Convergència i Unió (CiU) censuró 21 preguntas -sobre un total de 46-, según ha constatado este periódico a partir del cuestionario original que sirvió de base para elaborar el sondeo. El estudio, presentado cuatro meses antes de la llegada a Presidencia de Josep Camps -el único alto cargo destituido por el escándalo-, se estructuró en torno a Mas y radiografiaba a sus principales rivales políticos.

El Parlament debatirá mañana la propuesta de los grupos de izquierda de crear una comisión de investigación sobre el escándalo de las encuestas, que anoche seguía contando con el apoyo del Partido Popular, socio parlamentario de CiU desde 1996. El presidente regional del PP, Josep Piqué, subrayó de nuevo su respaldo a crear dicha comisión antes de empezar la reunión de la ejecutiva de su partido, que se reunió en Barcelona.

"Hemos dado muchas oportunidades al Gobierno de CiU, pero el conseller en cap sólo ha cambiado de táctica para buscar excusas", subrayó Piqué, quien explicó que en los últimos días ha mantenido varias conversaciones con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, sobre el asunto. Ayer, ambos mantuvieron dos conversaciones telefónicas, pero Piqué permaneció firme.

En el punto de mira por el escándalo se encuentra David Madí, secretario de Comunicación del Ejecutivo, mano derecha de Mas y responsable desde 2000 de los barómetros periódicos encargados por el Ejecutivo. Durante su comparecencia en el Parlament, la semana pasada, el candidato de CiU descartó cualquier dimisión y puso un celo especial en negar que existan errores en los barómetros, a pesar de que el Ejecutivo los suprimió sorpresivamente de un plumazo tras estallar el escándalo.

Preguntas omitidas

El primer barómetro coordinado por Madí -a través del Gabinete del consejero portavoz- se presentó en agosto de 2000, pero los datos que se dieron a conocer tienen poco que ver con el trabajo original. Se ofrecieron evaluaciones de líderes por los que no se preguntó -Josep Lluís Carod (ERC), Rafael Ribó (ICV) y Alberto Fernández Díaz (PP)- (véase EL PAÍS del 15 de marzo) y se ocultaron 21 respuestas en un cuestionario de 46. La gran mayoría de preguntas que no se difundieron hacían referencia a los líderes de centroderecha que se disputaban la herencia política de Jordi Pujol -Artur Mas, Josep Antoni Duran y Josep Piqué-, cuyas evaluaciones también se censuraron (véase EL PAÍS del 10 de febrero).

El cuestionario utilizado para realizar el trabajo de campo estaba pensado para conocer las opiniones de los ciudadanos sobre el hoy conseller en cap y, en menor medida, de sus principales rivales políticos, tanto en el interior de CiU (Duran) como en otros partidos (Piqué, Maragall). Las preguntas censuradas eran las comprendidas entre la 24 y la 46 (véase cuadro adjunto). El cuestionario remitido a la Cámara incluye errores de bulto que revelan, a juicio de los expertos consultados por este periódico, que fue objeto de manipulación.

Nueve de las preguntas silenciadas hacían referencia directa a Mas. Entre otras, se preguntaba a los ciudadanos si conocían qué consejería desempeñaba, si sabían quién era el titular de Economía y quién era el portavoz del Gobierno -en ambos casos, Mas-, si le conocían, que evaluación merecía y si sería o no un buen presidente de la Generalitat. Además, se pedía la opinión de los ciudadanos sobre algunas características como líder: si era carismático, competente, honesto, de mentalidad abierta, buen negociador, preocupado por Cataluña, inteligente, buen orador, simpático, con prestigio internacional, nacionalista y próximo a la gente. Algunas de estas preguntas se hicieron también sobre Piqué, Duran y Maragall, pero en la mayoría de casos los resultados fueron silenciados.

Según consta en una respuesta parlamentaria por escrito, el Gobierno pagó 12,5 millones de pesetas a la empresa Line Staff por el sondeo, que incluye dos olas -de abril y de julio- a razón de 600 entrevistas telefónicas cada una. A partir del material remitido a la Cámara el sondeo se pagó a un precio muy superior al de mercado y al del contrato por el que las empresas demoscópicas estaban homologadas por la Generalitat en 2000.

Otra cosa es que en realidad se realizó casi el doble de preguntas de las que el Gobierno catalán difundió, lo cual explica en parte el precio final. Tras cotejar el cuestionario original, Jaume Montané, administrador de Line Staff, aseguró a este periódico: "Nosotros respetamos estrictamente los precios fijados en el contrato de homologación".

Otros sondeos también se han pagado a un precio teóricamente superior al de mercado si se toma como base el material que el Gobierno ha remitido a la Cámara. Particularmente elocuente es un estudio elaborado la víspera de las elecciones autonómicas de 1999 por el que el Departamento de Presidencia pagó 29 millones.