Un abogado del Estado con doble militancia empresarial

Erguido y con los brazos cruzados sobre el pecho, recita de un tirón y sin tropiezos con una precisión y síntesis envidiable el acta de la reunión. La prodigiosa memoria de Ricardo Fornesa ha fascinado siempre a los consejeros de las sociedades de las que ha sido secretario.

Esta excepcional facultad para ordenar con rigor las ideas jurídicas permitió al joven abogado Fornesa, hijo de una familia de banqueros de La Seu d'Urgell, convertirse en abogado del Estado a los 26 años, actividad que ejerció durante seis años en Lleida y Tarragona. A mediados de los sesenta entró en el sector privado como secretario del consejo de la histórica La Maquinista Terrestre y Marítima.

Durante 1976 y 1977 fue delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona. Una corta experiencia que no le impidió poner los primeros mimbres de su racionalización fiscal y cerrar el año con superávit.

Fornesa se incorporó a La Caixa como máximo responsable de los asuntos jurídicos de la mano de Josep Vilarasau, quien ya conocía su inteligencia desde los años que compartieron en La Salle.

La trayectoria profesional de Fornesa ha comportado siempre una doble militancia: La Caixa, de la que ha sido consejero en tres ocasiones y, sobre todo, Aguas de Barcelona.

En 1979, José María Sainz de Vicuña, también perteneciente al estricto club de abogados del Estado y hombre fuerte de Banesto (banco de referencia de Aguas de Barcelona), le lleva a la presidencia de la sociedad, en sustitución de Mariano Calviño de Sabucedo, preboste del falangismo en Cataluña, cuando creyó que su tiempo ya había acabado.

Las cifras de la gestión de Fornesa en Aguas, participada por Suez, y su posterior conversión en Corporación Agbar hablan por sí solas. Desde 1979, la cifra de negocio ha pasado de 31 millones de euros a 2.556 millones y los beneficios del último ejercicio han alcanzado los 133 millones de euros, 332 veces más que cuando se hizo cargo de la sociedad.

Durante la última década, Fornesa ha conocido también los límites de las administraciones. Su proyectada fusión con Catalana de Gas, actual Gas Natural, contó con la oposición del Gobierno socialista y el desinterés de la Generalitat.