Ilegalizados

En los primeros tiempos del Gobierno en minoría de Aznar, ya en 1997, y durante una corta estancia en Bilbao con motivo del Congreso anual de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración tuve la oportunidad de palpar la inmensa esperanza que la después calificada como tregua-trampa estaba despertando en la calle bilbaína. Se notaba una cierta alegría por algo que parecía impensable, lejano, imposible que llegara a ocurrir poco tiempo antes. El PNV andaba entonces a la par que el PP y en Euskadi gobernaba con el PSE.

Las expectativas generadas por la tregua y la paralela negociación entre diferentes actores para acabar con la violencia etarra y el impasse autonómico (la legalidad estatutaria fue tenida siempre como un proceso hacia algo más consistente por las fuerzas nacionalistas vascas) acabaron tiempo después con la vuelta a los asesinatos de ETA, la ruptura del pacto de gobierno entre el PNV y el PSE, la radicalización del PP contra el nacionalismo democrático vasco y la apuesta peligrosa por la política de la polarización (constitucionalistas versus nacionalistas) que derivó en una tentación de formar dos grandes bloques con un cleavage inmenso como línea divisoria.

Las esperanzas del principio han derivado en una guerra sin cuartel contra el nacionalismo político radical (ilegalizado anteayer mediante solemne sentencia en aplicación de una discutida ley de partidos) más allá del justo combate contra los actores violentos.Parecía que el centro-derecha, aprendida la lección del fracaso permanente de toda clase de políticas en la erradicación de la violencia etarra, había encontrado una vía seria arriesgando mucho más de lo que en su momento pudo hacer UCD, o el PSOE. Pero el final de esta historia ha puesto de manifiesto que cuanto mayor era el riesgo que se corría para resolver un conflicto de tanta entidad mayor era el peligro de caer en un reduccionismo represivo de alcance inusitado al fracasar.

La expeditiva sentencia que condena a la ilegalización a las siglas pasadas, presentes y futuras de lo que el Gobierno llama sin ambages el 'brazo político' de ETA se produce pocos días después de que el TC haya dictaminado la constitucionalidad de la Ley de Partidos y el mismo día que en las Azores los principales aliados resueltos en la aplicación directa de la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU deciden esperar a que el Presidente de los EE UU establezca el protocolo final de una larga espera. El impacto de la declaración de ayer de Bush, la pasión con que se están viviendo los debates parlamentarios sobre la posición del Gobierno de España, las noticias que se esperan una vez cumplido el último plazo que Bush concede al dictador iraquí se superponen con fuerza a los efectos de la decisión judicial y dejan esta guerra de aquí en un segundo plano.

Cuando se discutía en el parlamento la ley de partidos escribí que "lo que a mi juicio parece más preocupante es que la Ley de Partidos quiera ser una ley punitiva, una addenda anómala del Código Penal, o una impropia ley de protección de la democracia, en la medida que el objetivo declarado de la ilegalización de un partido político está directamente conectado con la evidente y sustancial intencionalidad de éste de destruir el sistema democrático, y que esa ilegalización pueda producirse en base a la aplicación del principio de retroactividad, vulnerando así la propia CE".

Y eso ya ha ocurrido.