El juez embarga bienes de Romika tras el cierre de la empresa de Reus

El Juzgado de lo Social número 1 de Reus ha dictado el embargo de los bienes de la empresa Portania, antigua Romika, ubicada en la capital del Baix Camp, que ha cerrado sus puertas después de más de treinta años de producción. El juicio por el cierre de la empresa, en el que se decidirá el futuro de sus 55 trabajadores, está previsto para el 3 de abril.

Los trabajadores custodian los 70.000 pares de zapatos que quedan en la planta como garantía de poder cobrar lo que se les adeuda. La plantilla teme que el propietario de la planta, Björn Lemm, utilice la producción almacenada para afrontar parte de las deudas, según explica Teresa Fortuny, de CC OO.

Pese a que la disminución de ventas se había hecho patente en los últimos años, la empresa no presentó expediente de regulación de empleo. El comité de empresa lo presentó por su cuenta, pero fue rechazado por el Departamento de Trabajo. Los trabajadores piden 45 días por año trabajado, frente a los 20 que se les ofrecen, y consideran que el suyo es un despido improcedente porque el cierre de la empresa no se debió, como alegó la empresa al anunciar el cierre, a una falta de demanda, sino al traslado voluntario de la producción a otros países, como Portugal y Bulgaria.