El trasvase preventivo

La Unión Europea está estudiando la petición española de financiación del trasvase del Ebro. Pese a la exhaustiva información puesta a disposición por el Ministerio de Medio Ambiente español, los argumentos de los que cuestionan los trasvases del Plan Hidrológico Nacional (PHN) merecen seria consideración:

El primero es que no se puede buscar una solución a la situación generalizada de sobreexplotación de los recursos hídricos que se ha consolidado en el sur de la Comunidad Valenciana y en Murcia en los últimos años sin poner, por un lado, en discusión el modelo de desarrollo económico que está detrás de este déficit hídrico estructural, y creando, por otro, problemas medioambientales en otras cuencas. Que el modelo de desarrollo actual de las comarcas potencialmente receptoras del trasvase es insostenible es una constatación que no pone en duda nadie, y que está en la base del PHN. El problema de fondo es que el PHN intenta aliviar las consecuencias de este modelo de desarrollo sin preguntarse si el mismo modelo tenga futuro.

Por el clima preelectoral en España, el debate se ha hecho aún menos racional

La desalación ha reducido en un 25% su coste económico y en un 40% el energético

El segundo es que hay alternativas para incrementar la oferta de agua más competitivas que el trasvase. La que menos cambios estructurales implicaría en el modelo de desarrollo es la desalación. Desde que se redactó técnicamente el PHN en 1998 hasta hoy, la tecnología de la desalación ha bajado un 25% en coste económico y un 40% en coste energético, mientras que los costes del trasvase no paran de subir. Hoy ya es más barato desalar el agua que trasvasarla desde la cuenca del Ebro, y además se obtendría agua de mejor calidad.

El enfoque trasvasista nos preocupa desde un punto de vista europeo. El tema del PHN no es un asunto europeo solamente por sus potenciales vulneraciones de la legislación medioambiental. Ni lo es solamente por la magnitud de la contribución financiera que pretende conseguir el Gobierno español. Lo es también porque constituiría un precedente político peligroso en vísperas de la ampliación europea. Dar dinero para corregir los efectos medioambientales perversos de un sistema económico que se ha probado insostenible sin poner en duda el sistema mismo sería como dar luz verde a todos los estados miembros presentes y futuros si exigen flexibilidad en la aplicación del derecho comunitario.

Permítannos tres consideraciones más específicas.

1) El sistema económico de fuerte crecimiento y generador de importantes costes de carácter social y medioambiental del Levante español no puede mantenerse subestimando los costes sociales y ambientales que sufrirán las cuencas afectadas por los trasvases. Mucho se ha dicho del impacto medioambiental sobre el delta del Ebro y los valles del Pirineo donde se van a construir nuevos embalses. Uno de los aspectos que más se desconoce es que los trasvases del Ebro hacia la zona metropolitana de Barcelona y hacia el Levante van a fortalecer los desequilibrios territoriales entre las regiones del interior de la península y las del litoral mediterráneo, en desacuerdo con los objetivos de cohesión socioeconómica de los Fondos Estructurales.

2) Dejando de lado la ya competitiva opción de la desalación, una autoridad de gestión hidrológica moderna debería tener como objetivo la conversión de la actual cultura del aumento de la oferta en una cultura de racionalización de la demanda hídrica, apoyando en vía prioritaria medidas como el control de las explotaciones ilegales de regadíos, la reconversión de los mismos, el desarrollo de un banco de aguas que permita transferir derechos concesionales o de propiedad entre particulares, y el aumento de la eficiencia de las redes urbanas. En Murcia -a pesar de los loables esfuerzos de modernización de los regadíos- existen claros indicios de un crecimiento de la superficie regable y regada a un ritmo más o menos similar a periodos anteriores (3.000-4.000 ha/año). Es decir, las medidas de ahorro y racionalización que se aplican desafortunadamente no van a aliviar el déficit hídrico global, sino que indirectamente ponen más agua a disposición de nuevos regadíos.

3) Finalmente, el precio del agua. ¿Cómo se puede avalar un sistema económico sin resolver la cuestión fundamental de quién pagará y a cuánto se pagará el agua trasvasada? Tarde o temprano podríamos encontrarnos en la absurda situación de que los agricultores rechazasen pagar el precio del agua trasvasada por ser más elevado de lo que pagan actualmente o de lo que pagarían con políticas de gestión diferentes. Científicos de Berkeley, en un informe encargado por la Universidad de Cartagena y publicado en enero de 2003, consideran el postage stamp pricing (cargar con un precio uniforme cualquier destinatario del agua trasvasada a pesar de la distancia) propuesto por en el PHN como un absurdo que viola todo principio de eficacia económica. Además, estiman que las valoraciones del PHN no incluyen el coste efectivo de las compensaciones y correcciones medioambientales que se deberían poner en marcha en la cuenca del Ebro y a lo largo del trazado del trasvase, así que el precio del agua trasvasada será mucho más elevado de los 0,31 euros por metro cúbico previstos por el PHN.

Muchos son los aspectos que habría que reconsiderar de la opción trasvasista del PHN. No es cierto que el PHN beneficie a todos en las cuencas receptoras del trasvase. En septiembre de 2002, 16 comunidades de regantes del noroeste de Murcia crearon una asociación para iniciar actuaciones judiciales en contra de la sobreexplotación de acuíferos de la comarca por los grandes aguatenientes. Esto demuestra que los regadíos tradicionales salen perdiendo frente a las grandes explotaciones agrícolas industriales, que tienen invariablemente sus ramificaciones inmobiliarias. La perspectiva del trasvase ha dado un nuevo impulso a los proyectos de urbanización costera. Los instrumentos urbanísticos de Murcia, Alicante y Almería prevén la construcción de al menos un millón de nuevas viviendas turísticas en los próximos años. En la zona costera de Marina de Cope, por ejemplo, se prevé crear el complejo turístico más grande de Europa, una ciudad ex novo de 60.000 habitantes. En la región de Alicante, en los últimos ocho años han desaparecido 70.000 ha de suelo agrícola para usos urbanos y turísticos. La urbanización difusa del paisaje podría producir sus primeras víctimas entre los agricultores y los mismos visitantes que pretende atraer.

Por el clima preelectoral en el que se encuentra España, el debate sobre la política hidrológica se ha hecho aún menos racional. No va a ser en este momento cuando se bajen los tonos y se utilicen las armas de la ciencia y de la política de larga perspectiva en lugar de las de la confrontación electoral. Enfrentar las comarcas del Ebro a la Vega Baja del Segura o al Campo de Cartagena es crear un falso problema. Todos tienen el derecho a desarrollarse. En Murcia hay un verdadero problema con el agua, pero no todos los costes de la opción trasvasista han salido a la superficie, y otras opciones no han sido investigadas apropiadamente. Estamos convencidos de que los recursos financieros pedidos por España a la Unión Europea para el trasvase podrían muy bien ser destinados a otras medidas de política hidrológica. Es una cuestión de voluntad política. Hay una guerra preventiva y trasvases preventivos. Las autoridades españolas están por el momento planificando el trasvase como las autoridades americanas planifican su política exterior. Con el fin de mantener un modelo de desarrollo de dudosa sostenibilidad, aplican el principio de asegurarse los recursos necesarios para alimentarlo antes de que el modelo muestre sus contradicciones. Para evitar entrar en ese callejón sin salida, pedimos entonces más tiempo para reflexionar sobre el futuro de la economía, del desarrollo y de los ríos, sin sentirse presionados por las citas electorales.

Alexander de Roo es eurodiputado y vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo y Gianluca Solera es coordinador de la campaña del PHN del Grupo Verdes/ALE en el Parlamento Europeo.