Telefónica congela el sueldo de sus 1.700 directivos en todo el mundo

Telefónica congelará este año el salario a toda su alta dirección, conformada por 1.700 directivos, como medida de ahorro de costes, pero, sobre todo, como gesto ejemplificante tras cerrar el ejercicio pasado con unas pérdidas récord de 5.576 millones de euros. Asimismo, la operadora pretende llevar a la próxima junta general de accionistas una propuesta para congelar o reducir la retribución total del consejo de administración. El resto del personal en España tendrá un incremento salarial de en torno al 3,5% para 2003, aunque aún no se ha cerrado la negociación.

Los 1.700 directivos de Telefónica que constituyen la alta dirección, y que incluye desde el presidente, el consejero delegado, los directores generales y adjuntos, subdirectores generales y directores de área, van a tener una desagradable sorpresa en este ejercicio. La dirección de recursos humanos les ha remitido una carta en la que se les informa de que para el presente ejercicio se congelarán sus retribuciones. Fuentes de la empresa no aclararon el ahorro que supondrá para las cuentas de la compañía.

La medida afecta a los directivos de todo el grupo, tanto en las filiales como en la antigua matriz de telefonía fija y tanto en el negocio nacional como en las filiales extranjeras. Para el resto de la plantilla, la actualización salarial será variable, según los países. Para los trabajadores que prestan su servicio en España el incremento estará alrededor del 3,5%, aunque aún no se ha cerrado la negociación.

La medida forma parte de la política de ahorro de costes puesta en marcha por la compañía. En esa línea, se va a realizar una propuesta a la junta general de accionistas para que se congele o incluso se recorte la percepción total del consejo de administración.

Dicho consejo, integrado por 20 miembros, percibió en 2002 una retribución total de 11,9 millones de euros (10,04 millones en 2001), de los que 3,388 millones corresponden a las retribuciones estrictas por pertenecer al máximo órgano de administración y los restantes 8,4 millones a las percepciones salariales de los cinco consejeros que tienen función ejecutiva en la compañía (el presidente, César Alierta; el consejero delegado, Fernando Abril; el presidente de Telefónica Móviles, Antonio Viana-Baptista; el responsable de regulación, Luis Lada, y el secretario del consejo, Antonio Alonso Ureba).

La medida se inscribe dentro de la nueva política del grupo para mejorar la transparencia de cara a los accionistas, por el que, se va a proponer a la junta la modificación de los estatutos sociales de forma que sea la junta de accionistas la que fije el importe máximo de la retribución de los consejeros. Una medida similar ya ha sido anunciada por Telefónica Móviles.

Asimismo, dicha normativa también recogerá la obligación de hacer públicas individualizadamente las retribuciones de los consejeros que se recogerán en el informe anual de la compañía, medida que hasta el momento han aplicado escasas entidades como Bankinter, Ferrovial y Banco Popular. El grupo Telefónica está llevando a cabo una ofensiva en materia de gobierno corporativo, para adaptarse, por una parte, a la nueva Ley Financiera que entró en vigor a finales del pasado año y, por otra, para extremar los controles internos, siguiendo los códigos éticos como el Olivencia y el de la Comisión Aldama.

Tras la aprobación del reglamento interno de conducta y la normativa corporativa sobre registro, comunicación y control de la información financiero-contable (adaptándose a las exigencias de la Ley Sarbanes-Oxley que rige el mercado estadounidense), la tercera fase, que está a punto de aprobarse por el consejo, es una nueva normativa sobre comunicación de información a los mercados.

El objetivo último es unificar las diferentes informaciones que se remiten a los organismos reguladores de los mercados bursátiles donde cotizan las acciones de Telefónica y, principalmente, España, EE UU y Brasil. De esta forma, se evitará en el futuro, lo ocurrido el pasado año cuando la operadora española reflejó en sus cuentas del año 2001 remitidas a la SEC de EE UU unas pérdidas de 7.182 millones, frente a los beneficios de 2.106 millones que comunicó al organismo regulador en España.