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Familiares de los inmigrantes muertos en Málaga piden que se reabra el caso

Una treintena de personas se concentra frente a la comisaría

Familiares de dos de los siete inmigrantes fallecidos en el incendio desatado el pasado 27 de diciembre en los calabozos de la comisaría provincial de Málaga exigieron ayer la reapertura de las diligencias, archivadas hace un par de semanas. Por la tarde, decenas de manifestantes se concentraron frente a la sede policial para expresar su repulsa a la actuación de los agentes. Un inmigrante herido aquella noche sigue aún hospitalizado.

"Nosotros no sabemos de querellas, pero queremos que se sepa qué pasó", argumentó Jaduy Ahegan -madre y hermana de de las víctimas- para reclamar que se reabra la investigación judicial. En realidad, el caso no está todavía cerrado ya que Andalucía Acoge, que representa a un inmigrante que resultó herido en el incendio, ha recurrido el archivo.

Jaduy -hermana de Ahmed Farid, de 34 años, y madre de Karim Mohamed, de 29- rechazó cualquier vinculación de sus familiares fallecidos con las mafias marroquíes: "El único delito que cometieron mi hijo y mi hermano fue el de venir para ganar un trozo de pan que poder dar a su familia. Quiero hablar en su nombre, porque ellos no se pudieron defender".

A pesar de que instaron a la reapertura del caso, los familiares aclararon que no se personaron porque desconocen la legislación española y carecen de medios económicos.

La investigación judicial fue archivada hace un par de semanas por el juez sustituto del juzgado de instrucción número 9, Antonio Fernández, quien entendió que el incendio fue imprevisible y que no hubo ninguna responsabilidad penal en la actuación de los agentes de policía que estaban aquella noche de guardia. Es más, en el auto, el magistrado recordó que el fuego fue provocado por A.A. y M.K.A.G., quienes fallecieron a causa de las lesiones sufridas.

Por otra parte, CGT -sindicato que arropó a los familiares de los fallecidos durante la rueda de prensa que ofrecieron ayer por la mañana- anunció que si finalmente el caso se cierra, presentará una querella por negligencia contra el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, y el subdelegado en Málaga, Carlos Rubio. Si se reabren las diligencias, la organización sindical se personará como acusación popular, según manifestó el secretario de inmigración de CGT Andalucía, Marcos García.

Por la tarde, familiares de los fallecidos y representantes de distintos colectivos sociales se concentraron a las puertas de la comisaría provincial para expresar su reprobación a la intervención policial tras el incendio que se saldó con siete víctimas mortales. Un herido continúa aún ingresado en estado grave en el hospital Carlos Haya.

Los inmigrantes estaban retenidos en los calabozos de la comisaría provincial, donde esperaban su repatriación a Marruecos. Unos días antes habían sido interceptados a bordo de una patera, tratando de entrar en territorio español. Andalucía Acoge siempre reprochó que los ocho inmigrantes que resultaron ilesos en el incendio -y que fueron testigos del incidente- fueran inmediatamente devueltos a su país por la policía.

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