El Constitucional desestima el recurso del Gobierno vasco contra la Ley de Partidos

La sentencia, unánime, despeja el camino para que el Supremo decida si ilegaliza Batasuna

El pleno del Tribunal Constitucional desestimó ayer, por unanimidad, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno vasco contra varios artículos de la Ley de Partidos. En consecuencia, el máximo intérprete de la norma fundamental ha declarado la constitucionalidad de dicha ley, con lo que se despeja el camino para que la Sala Especial del Tribunal Supremo que tramita la ilegalización de Batasuna resuelva el asunto. Los fundamentos jurídicos de la sentencia, de la que ha sido ponente el presidente del Tribunal, Manuel Jiménez de Parga, serán comunicados hoy.

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El recurso del Gobierno vasco impugnó la Ley de Partidos por entender que contiene "un cúmulo de gravísimas infracciones", ya que recorta, según el recurrente, derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como los de asociación política, libertad ideológica y participación política, e impone a las formaciones políticas obligaciones y límites de actuación que "son contrarios al valor superior del pluralismo político" que consagra la norma fundamental.

Igualmente, el Gobierno vasco impugnaba la Ley de Partidos en cuanto que impone límites que "se superponen y duplican a los ya establecidos en el Código Penal para toda clase de asociaciones".

PNV: "Decisión política"

El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, afirmó ayer, tras conocer el fallo del Constitucional, que se trata de "una decisión política y no estrictamente jurídica". En los pasillos del Congreso, Anasagasti declaró a Servimedia que es una "mala noticia para la democracia", y aseguró que le llena de "turbación", porque da la sensación de que "la justicia no es independiente".

En cambio, el ministro de Justicia, José María Michavila, manifestó a Efe la "gran satisfacción" del Gobierno por la constatación hecha por el Tribunal Constitucional de que la Ley de Partidos Políticos es "un trabajo bien hecho en favor de la democracia y en la lucha contra el terrorismo". Michavila aseguró también que, "desgraciadamente, el fallo de la sentencia pone de relieve que el Gobierno vasco e Ibarretxe han querido trabajar de nuevo como abogados defensores de ETA".

Por su parte, otro de los negociadores de la Ley de Partidos, Diego López Garrido, portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso y catedrático de Derecho Constitucional, declaró a EL PAÍS que "la aprobación de la sentencia no sólo es importante, sino oportuna, ya que proporciona la tranquilidad de que el Tribunal Supremo va a basarse en una ley constitucional". López Garrido elogió "la sensibilidad que en esta ocasión ha tenido el Tribunal Constitucional para decidir con rapidez y, además, por unanimidad". El diputado socialista consideró el fallo "una aportación a la lucha contra el terrorismo y al Estado democrático, puesto que los partidos que colaboran y apoyan políticamente al terrorismo no deben tener cabida en el sistema constitucional español".

Precisamente ahora se abre el plazo de 20 días para que la Sala Especial del Tribunal Supremo resuelva sobre la ilegalización de Batasuna, una vez que el abogado de esta organización, Íñigo Iruin, entregó los 150 folios que contienen sus alegaciones.

El abogado de 11 jueces

Por otra parte, ayer se conoció el escrito del abogado del Estado que contesta a la demanda formulada ante la Sala Civil del Tribunal Supremo por el letrado José Luis Mazón contra 11 jueces del Tribunal Constitucional, por haber rechazado, sin examinar ni fundamentar en ninguna norma jurídica, su recurso de amparo contra una sentencia que desestimó la impugnación de la designación de letrados a dedo en el Tribunal Constitucional.

El abogado del Estado asume la defensa de los 11 jueces del Tribunal Constitucional demandados y pide a la Sala Civil del Supremo que se abstenga de conocer el litigio y que lo dé "por terminado, sin advertir a las partes para que puedan ejercitar su derecho ante cualquier otro órgano jurisdiccional".

Jiménez de Parga, recusado dos veces, es ponente del fallo

El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, recusado dos veces por el Gobierno vasco por apreciar en él "falta de imparcialidad" para resolver el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Partidos, no se abstuvo de conocer el asunto, incluso cuando cinco de los magistrados del Tribunal consideraron justificada "la duda de parcialidad" planteada. Por el contrario, Jiménez de Parga actuó como ponente de la sentencia aprobada ayer.

Fuentes del propio Tribunal estimaron que la abstención de Jiménez de Parga habría sido la decisión razonable, a pesar de que la segunda recusación fue rechazada por el margen de sólo un voto: seis a cinco.

Estas fuentes consideran que tal abstención habría tenido como fundamento el hecho de que el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Tomás S. Vives, y los magistrados María Emilia Casas, Pablo Cachón, Elisa Pérez Vera y Eugenio Gay avalaran que las expresiones del presidente, al manifestar "una determinada inclinación de ánimo", despertaran en el Gobierno vasco "una sospecha fundada de parcialidad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 12 de marzo de 2003.

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