Diez puntos para gobernar España

Los ciudadanos españoles estamos convocados hoy a las urnas a fin de elegir un Parlamento para los próximos cuatro años. Ésta es una de las contiendas electorales más disputadas de nuestra todavía joven democracia, dado el aparente equilibrio con que se presentan inicialmente las dos principales fuerzas políticas. Ello llevará, muy probablemente, a la inexistencia de una mayoría absoluta -ni aun considerable- en manos de un solo partido. Afrontaremos así el nacimiento de un Gobierno de coalición, o de un Gobierno monocolor en minoría, con apoyos parlamentarios externos, algo por lo demás lógico en un sistema que se basa en la representación proporcional. Esta convocatoria será también crucial por las circunstancias y el momento en que se desarrollan. Vivimos una crisis económica de magnitudes considerables, derivada en parte de la recesión internacional, y que ha disparado las cifras de desempleo hasta límites casi insoportables. Las dificultades en la construcción de la unidad europea, uno de los objetivos nacionales más arduamente perseguidos por nuestras fuerzas políticas en los últimos años, son crecientes. Mientras, aumentan las turbulencias y aun los conflictos bélicos en el centro y el este del continente. La corrupción política ha desparramado una sombra de sospecha sobre los representantes de la vida pública, cuya credibilidad se ha visto dañada. Los comicios de hoy, sea quien sea quien los gane, marcarán el fin de una etapa histórica. Si es el Partido Popular el llamado a formar Gobierno, se producirá la alternancia y, por primera vez en España, la derecha habría vuelto al poder, tras un periodo de hegemonía de la izquierda, mediante la utilización del sufragio, y no a través de un golpe de Estado. Eso, por sí solo, constituye un símbolo de estabilidad democrática en un país que sufrió una revuelta militar hace sólo una docena de años. Si es, de nuevo, el Partido Socialista Obrero Español el que encabeza el Gabinete, le permitirá proseguir con algunas de las políticas reformistas emprendidas en la última década, pero se verá obligado a abandonar la senda del continuismo si tiene que admitir socios en el ministerio. La década socialista, tal como la conocemos, toca, pues, a su fin. En tal encrucijada, pensamos que es útil manifestar hoy nuestras cauciones acerca de las cuestiones principales que, a nuestro juicio, tendrá que afrontar el nuevo Gobierno. Conforman un decálogo de problemas fundamentales para nuestra convivencia, y su enunciación constituye la mejor manera de iluminar criterios acerca de por dónde debe ir el futuro de España. He aquí los puntos:

1. La existencia de un Gobierno apoyado por una sólida mayoría parlamentaria es condición necesaria para afrontar la crisis económica. Pasa a la página 11 Viene de la primera página Un Gabinete débil constituiría un riesgo preocupante, una pérdida de tiempo y una amenaza, no deseable, de nuevas elecciones a corto plazo.

2. Es preciso un plan de recuperación económica que garantice las mejoras obtenidas. Es impensable, en cualquier caso, que en el plazo de meses pueda nadie dar una respuesta definitiva a los problemas del paro. La generación de empleo llevará tiempo, y sólo puede producirse como consecuencia de un conjunto de medidas que logren reactivar la economía. La disyuntiva no se establece hoy entre políticas liberales o socialdemócratas. Las recetas económicas, en las circunstancias españolas, no pueden ser muy diferentes si no se quiere poner al país en una senda peligrosa de arbitrismo e irracionalidad. La contención de las rentas y del déficit público son prioridades irrenunciables de una política de rigor necesaria. Las promesas electorales de inmediatas rebajas de impuestos, me oras de prestaciones sociales y aumento del bienestar no se corresponden con la realidad que tenemos que afrontar ahora. Las líneas básicas de cualquier reforma económica racional y progresiva deben apoyarse en el mantenimiento de la política de convergencia con Europa y en actuaciones combinadas para la generación de empleo. Los puntos claves pueden resumirse en estos enunciados: - Reducción de la inflación, déficit público y déficit exterior. - Política presupuestaria de ajuste severo, sin aumento de la presión fiscal y con reducción del gasto. - Estrategia definida sobre el futuro de las empresas públicas, especialmente sobre aquellas que están en pérdida. Son inevitables algunos cierres y desinversiones. -Reforma del mercado de trabajo, facilitando la movilidad geográfica y funcional del empleo. Desaparición de las ordenanzas laborales con potenciación de la negociación colectiva. - Un prudente esfuerzo inversor en infraestructuras, no rebasando los límites actuales, si no se quiere acrecentar la tensión del gasto y la presión de la deuda, externa sobre el presupuesto. - Defensa del mantenimiento de la peseta en el Sistema Monetario Europeo. - Reforzamiento de la delicada situación financiera de los sistemas de protección social. - Medidas contra el desempleo basadas en un acuerdo social sobre política de rentas, reformas fiscales que apoyen la creación de puestos trabajo y adecuación de los contratos a tiempo parcial (en el marco de la reforma laboral antes mencionada). - Redacción de un ley de huelga que garantice tanto el derecho a la misma como los derechos de los ciudadanos frente a los excesos reivindicativos, especialmente en los servicios públicos. - Aplicación de una política de relaciones laborales que limite la extensión del poder sindical y de las patronales a los ámbitos que les son propios, y conforme a criterios estrictamente representativos.Los ciudadanos merecen el respeto de sus dirigentes a la hora del reconocimiento de esta dura realidad. Si se aplican las medidas adecuadas, la segunda mitad de la legislatura podrá ofrecer, en cambio, mejores perspectivas de bienestar y aumento de la riqueza para todos.

3. Es preciso un fortalecimiento de las instituciones democráticas, víctimas de los errores cometidos por ellas mismas, pero sometidas también a una indiscriminada deslegitimación por sectores de opinión pública. España vive hoy una democracia de niveles comparables a los de cualquier otro país desarrollado y un ámbito de libertades como no ha disfrutado antes en la historia. Esto ha sido gracias a la contribución de todos los ciudadanos y del conjunto de las fuerzas políticas, por lo que ninguna de ellas puede adueñarse del símbolo. Pero existen amenazas constantes contra el ejercicio de esas libertades. Debemos ponernos especialmente en guardia respecto a los intentos de deslegitimación del proceso electoral por parte de quienes se sientan frustrados por sus resultados. Aunque perfeccionables, tenemos leyes que garantizan la plena independencia y separación de poderes del Estado y el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, que son inquebrantables. Hay que favorecer la participación ciudadana y aumentar los ámbitos de tolerancia y respeto al adversario; ello reducirá, casi inevitablemente, la separación entre el mundo de la política y la sociedad civil.

4. mantenimiento de la ambigüedad de las relaciones entre los poderes autonómicos y el Gobierno central ha de desaparecer. Debe ser reconocida la especificidad de los casos vasco y catalán y la necesidad de potenciar los sentimientos de solidaridad interterritorial. La presencia de fuerzas nacionalistas, catalanas y vascas, en Gobiernos de coalición puede y debe constituir motivo de un diálogo explícito sobre estas cuestiones y convertirse en un símbolo de la contribución, tan deseable como inevitable, de las autonomías históricas a la construcción del Estado democrático. Lejos de contemplar su eventual incorporación al Gobierno central como una venta o un cambalache, estimamos que en ella reside una oportunidad histórica para afianzar el carácter plurinacional de nuestro Estado y saldar los agravios y malentendidos que históricamente se han producido en este terreno.

5. Debe despejarse toda sospecha de corrupción política. Junto a las medidas legales pertinentes es preciso desarrollar una conciencia activa de lucha contra la corrupción en el interior de las fuerzas políticas y sus burocracias. Los militantes o dirigentes que se encuentren bajo sospecha fundada han de ser apartados de la actividad política hasta el esclarecimiento de los hechos. Esta lucha contra la corrupción debe extenderse también a las actividades privadas. La sociedad civil -la prensa incluida-

debe hacer un esfuerzo de transparencia y ejemplaridad en este terreno.

6. La política de integración europea ha marcado la actitud de todos los Gobiernos desde el comienzo de la transición, y deben continuarse los esfuerzos en ese sentido. España juega hoy un papel relevante en la Comunidad en el camino hacia una unión europea más articulada y cohesionada, y como tal tiene que asumir los compromisos internacionales que ha suscrito en el terreno de la defensa y la seguridad de todos. El papel desempeñado por las Fuerzas Armadas españolas en tareas humanitarias y de pacificación merece el apoyo de la sociedad y de las fuerzas políticas, que no deben hurtarse a un aumento de la intervención militar allí donde lo demanden las Naciones Unidas y las alianzas internacionales a las que pertenece nuestro país.Cualquier Gobierno debe combatir con dureza los síntomas de racismo y xenofobia, estimulados por un nuevo problema: la presencia de inmigrantes que huyen del hambre. El mantenimiento de un Estado de bienestar es la única manera de evitar la dualización de la sociedad.Es preciso un más pronunciado acercamiento, económico y cultural, a los países latinoamericanos. En muchos aspectos, el futuro de España pasa por América Latina.

7. Hay que mantener y desarrollar el esfuerzo en educación, con aumento constante de los presupuestos a ella destinados, aun en detrimento de otras partidas. Se necesitan medidas de apoyo fiscal a las empresas que inviertan en investigación y en nuevas tecnologías. El mundo de la cultura debe ser contemplado como una parte integrante del pleno desarrollo humano. Una ley de mecenazgo que ampare las inversiones privadas en esta área puede contribuir a evitar el sistema de subvenciones, que se ha desvelado abusivo y sectario en algunos aspectos.

8. El mantenimiento del medio ambiente es hoy un reclamo universal. Los principales problemas ecológicos en nuestro país se centran en la depuración y regulación de las aguas, la reforestación y la aplicación de una política urbanística radicalmente diferente, basada en la ordenación del territorio, con especial atención a los nuevos problemas de las grandes metrópolis. Es preciso huir, por lo demás, de los excesos que llevan a la paralización de medidas absolutamente prioritarias en el desarrollo económico y en la distribución del bienestar.

9. La Administración pública. necesita reformas que la conviertan en más eficaz y menos onerosa para los contribuyentes. La justicia debe ser transformada prioritariamente. El desarrollo pleno de la Constitución exige la aprobación de una ley del jurado que garantice la participación de los ciudadanos en tareas tan fundamentales. La lucha contra el terrorismo, las políticas de seguridad ciudadana y medidas contra la droga deben enmarcarse en esa concepción modernizadora y democrática de la justicia. Los toxicómanos son enfermos dignos de la protección, el cuidado y la ayuda de la sociedad, y de ninguna manera delincuentes. No se puede penalizar el consumo de drogas, y debe abrirse un debate público sobre su legalización. Simultáneamente debe reforzarse la lucha policial contra el tráfico y, muy particularmente, contra el blanqueo de dinero procedente del mismo.

10. La democracia exige la existencia de unos me dios de comunicación independientes, sólidos y plurales. La actividad informativa no debe ser sometida a leyes especiales o de prensa. La legislación común, sea penal, mercantil o administrativa, es más que suficiente para regular el sector, pemanentemente amenazado por los deseos inquisitoriales o de censura. La existencia de una televisión pública estatal debe ser respetada, pero es preciso poner controles a su patrimonialización política y límites a su sistema comercial de financiación. La permanencia de las televisiones autonómicas debe ser reconsiderada a la luz de las reflexiones sobre el déficit público y del papel de las autonomías en la construcción del Estado. Sólo el fomento de las lenguas autóctonas, históricamente discrimina das, justifica el mantenimiento en su actual estructura de algunas de esas cadenas. Obviamente, los problemas de España no se reducen sólo a los anteriormente enunciados, pero creemos que éstos constituyen un núcleo de prioridades irrenunciables. No se trata éste, por lo demás, de un catálogo doctrinal, sino de una lista de problemas acuciantes. Por lo mismo, el juicio de EL PAÍS respecto al Gobierno que salga de las urnas y el ejercicio que lleve a cabo del poder se basará, irremediable mente, sobre la capacidad de respuesta que tenga frente a es tas cuestiones. Ninguna de las demandas citadas es irrealizable en el corto plazo ni se enmarcan en un programa utópico o finalista. Son cosas de ahora, que preocupan a los ciudadanos de ahora y que merecen una res puesta de las formaciones políticas que hoy comparecen ante el electorado.