Las eléctricas recurren al Supremo contra las tarifas y peajes del gas

Las compañías eléctricas han recurrido ante el Tribunal Supremo las tres órdenes ministeriales aprobadas por el Gobierno el pasado mes de enero sobre retribución de las actividades reguladas, tarifas y peajes del sector del gas, al considerarlas discriminatorias.

Este recurso supone el primer enfrentamiento entre el Ejecutivo y las empresas eléctricas desde el inicio de la liberalización total del mercado el pasado 1 de enero. Además, representa un punto de ruptura del diálogo alcanzado con el secretario de Estado de Energía, José Folgado, tras su compromiso de aumentar las tarifas de electricidad hasta 2010, después de varios años de descensos constantes.

El recurso contra la primera Orden sobre retribución de las actividades reguladas del sector del gas para el ejercicio 2003, que supone un aumento del 11,8%, se basa en la posible "falta de transparencia" en la asignación y reconocimiento de los costes, lo que, en opinión de las compañías, podría ser "discriminatorio" para otros agentes al margen de Enagás.

El Gobierno justificó este incremento por las inversiones necesarias en infraestructuras para absorber el aumento de demanda. Así, el coste fijo acreditado a las actividades de regasificación, almacenamiento y transporte en el año 2003 asciende a 482,5 millones de euros, frente a los 431,41 millones del ejercicio anterior. Asimismo, el coste variable acreditado a las empresas que realizan la actividad de regasificación durante el año 2003 aumenta un 1,23%, mientras que el coste de distribución se eleva un 8,78% respecto al año pasado.

Actualización

La retribución de las actividades reguladas del sector gasista se actualiza cada año, después de que la Orden Ministerial de 15 de febrero de 2001 estableciese un sistema para el cálculo y actualización de los costes ante la liberalización total del mercado.

Esta normativa fue un requisito imprescindible para la venta del 65% de Enagás, gestor técnico del sistema.

Las eléctricas también han presentado recurso contra la orden de Economía por la que se establecen las tarifas de gas natural y gases manufacturados por canalización y alquiler de contadores para 2003 y contra la que fija los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas. Las empresas consideran que con esta normativa se produce una "posible distorsión" entre el mercado regulado y liberalizado.

Así, consideran que los costes de peajes y cánones son más elevados en el mercado liberalizado que en el regulado y eso podría "ir en contra de la Ley de Hidrocarburos". En concreto, la Orden de tarifas señala que la retribución a los transportistas por la compra-venta de gas natural para el mercado a tarifa ascenderá a 24,25 millones, mientras que la de la actividad de suministro a tarifas se situará en 122,97 millones.