Archivada la querella por los disturbios entre policías en la plaza de la Villa

Los graves disturbios que se registraron el 21 de febrero de 2002 durante una manifestación de 2.000 agentes de la Policía Municipal de Madrid han quedado en tablas. El titular del juzgado de instrucción número 30 de Madrid, Francisco Javier Teijeiro Dacal, ha archivado la denuncia mutua interpuesta por los delitos de lesiones, desobediencia e injurias por parte de varios antidisturbios y policías locales. El magistrado entiende en su auto, contra el que cabe recurso, que no ha quedado constatada la perpetración de delitos por parte de los querellados.

La manifestación, que congregó a unos 2.000 policías municipales y que no estaba autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid, fue convocada por los cincos sindicatos del cuerpo. Ese mismo día, varios embajadores presentaban ante el Rey sus credenciales, por lo que la manifestación impedía que se dirigieran en coche de carruajes escoltados por guardias reales hasta el palacio de Oriente, como era habitual.

Ante esta situación, el delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, ordenó a los 60 antidisturbios que disolvieran a los manifestantes. Tuvieron que emplearse a fondo: lanzaron pelotas de goma contra los manifestantes y llenaron la calle de gases lacrimógenos. Los disturbios acabaron con 18 heridos (14 agentes locales, tres nacionales y un fotógrafo de EL PAÍS), en su mayoría por golpes.

Ante la gravedad de los disturbios, los sindicatos policiales denunciaron al responsable de los antidisturbios, el entonces inspector jefe Félix Antolín. A su vez, varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía se querellaron contra varios manifestantes por las lesiones que habían sufrido en los disturbios.

El titular del juzgado número 30, Francisco Javier Teijeiro, ha decretado el sobreseimiento de la causa, al no quedar justificado en la instrucción que alguno de los querellados cometiera algún delito. El juez, en el auto de archivo, estima que no se puede saber quiénes son "los concretos responsables" de las lesiones que sufrieron los policías municipales y los antidisturbios: "Ni en un caso ni en el otro ha sido posible establecer correspondencia alguna entre el autor de la lesión y el sujeto pasivo de la misma, o lo que viene a ser igual, la relación causal entre el acto y el resultado, descartándose el dolo directo en cualquiera de los partícipes".

Teijeiro mantiene que la decisión de actuar de los antidisturbios se debió a las órdenes recibidas, "habida cuenta de que los agentes de la Policía Local, a sabiendas de que la concentración no se hallaba autorizada, persistieron en su actitud". Para ello, ocuparon una vía pública y obligaron a utilizar al Cuerpo Nacional de Policía los medios que estaban a su disposición para impedir cualquier alteración del orden público, entre ellas, "la celebración de un acto de carácter solemne como es la presentación de cartas credenciales ante el Rey". "La utilización de estos medios fue además progresiva, ya que primero invitaron a los manifestantes a disolverse y después iniciaron una carga policial con botes de humo y gases lacrimógenos, así como las defensas reglamentarias", mantiene el magistrado en su auto.

El juez cree que no se puede imputar al jefe de los antidisturbios responsabilidad directa de las lesiones a los agentes locales. Tampoco son atribuibles a sus subordinados, ya que se encontraban amparados "por la eximente de actuar en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de su cargo".

El portavoz de la Unión de Policía Municipal (UPM), Javier Payar, anunció ayer que recurrirán el auto de archivo, al entender que el jefe de los antidisturbios debe identificar a los integrantes de su unidad que golpearon "con saña" a los policías municipales.